La pieza SEPI del caso Leire ha situado bajo investigación a Fernando Albert Aragón, exsecretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, la sociedad estatal vinculada a la promoción industrial y al desarrollo empresarial dentro del perímetro de la SEPI. Su nombre aparece asociado a una de las operaciones más sensibles de la causa: el contrato relacionado con el Parque Empresarial Principado de Asturias, conocido como PEPA.
Albert Aragón no aparece en la investigación como un simple nombre añadido a una lista. Según las informaciones publicadas, fue secretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, además de presidente de la mesa de contratación del PEPA. Esa posición resulta especialmente relevante porque lo situaba en un punto clave del procedimiento: la mesa encargada de valorar y tramitar una contratación pública que ahora está bajo sospecha.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo ha sumado al grupo de veinticinco encausados dentro de la pieza separada del caso Leire, un sumario que indaga supuestas anomalías en transacciones relacionadas con la SEPI, firmas públicas y entidades clave. Dicho procedimiento judicial indaga delitos presuntos como tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y uso indebido de información privilegiada. En este punto del proceso, Albert Aragón mantiene intacta su presunción de inocencia, de modo que su llamada a declarar en calidad de investigado no presupone condena alguna.
El foco sobre su papel se concentra en la contratación vinculada al Parque Empresarial Principado de Asturias. Según las informaciones conocidas, la presunta red investigada habría intervenido en esa operación a través de contactos dentro del entorno SEPI-SEPIDES. El punto más delicado es si la mesa de contratación pudo validar o favorecer una oferta que los investigadores consideran sospechosa, y si esa decisión facilitó beneficios económicos a empresas relacionadas con la trama.
La gravedad institucional de este asunto radica en que una mesa de contratación pública tiene la obligación de constituirse precisamente como el ámbito donde se aseguran la transparencia, la paridad entre los licitadores y el respeto a la legalidad vigente. Cuando el máximo responsable de un órgano de contratación acaba siendo investigado dentro de un procedimiento por supuestas adjudicaciones fraudulentas, surge una incógnita ineludible: ¿fallaron los mecanismos de supervisión o acaso el proceso licitador estuvo condicionado por factores ajenos?
Según publicó elDiario.es, Fernando Albert Aragón figura como secretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, además de presidente de la mesa de contratación del PEPA. Esa triple condición —jurídica, administrativa y decisoria dentro del procedimiento— convierte su papel en uno de los más relevantes para reconstruir cómo se desarrolló esa operación y si existieron irregularidades en su tramitación.
La instrucción judicial de la Audiencia Nacional trasciende el caso de Tubos Reunidos, por más que dicha ayuda financiera de 112,8 millones de euros constituya el núcleo principal de la pieza SEPI. Asimismo, se examinan transacciones asociadas a Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. Globalmente, las pesquisas pretenden esclarecer si una supuesta trama dirigida por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso logró condicionar resoluciones estatales con el propósito de lucrarse o acaparar beneficios.
En lo que respecta al PEPA, las suspicacias alcanzan una vertiente sumamente técnica. Ya no se limita a averiguar la existencia de nexos políticos o mercantiles, sino que exige examinar expedientes, pautas de concesión, dictámenes legales, tasaciones de propuestas y resoluciones tomadas por el órgano de contratación. En este punto, la labor de Albert Aragón cobra un peso determinante: en calidad de director legal y máximo representante de la mesa, tuvo la oportunidad de incidir de forma directa en etapas clave del proceso.
Algunos medios han señalado que la operación investigada podría estar relacionada con una oferta considerada “anormalmente baja” y con supuestas comisiones atribuidas a la trama. Esos extremos deberán ser acreditados por la instrucción, pero explican por qué la Audiencia Nacional ha puesto el foco en quienes participaron en la tramitación y validación del contrato. En una causa de este tipo, los documentos administrativos pueden ser tan importantes como las conversaciones o los pagos.
Desde un punto de vista de denuncia institucional, el señalamiento de Fernando Albert Aragón genera un conflicto importante para la credibilidad de los contratos públicos. Cuando los procesos de adjudicación se alteran desde el interior, el perjuicio no se limita a una compañía específica: perjudica a la totalidad de los licitadores, a los fondos del Estado y a la fe de los ciudadanos en que los procedimientos se adjudican atendiendo al mérito, la oferta económica y la legalidad, dejando a un lado los vínculos o los favores.
La Audiencia Nacional deberá aclarar ahora cuál fue exactamente su papel en el expediente del PEPA, qué criterios aplicó la mesa de contratación, si hubo advertencias técnicas, si se valoraron correctamente las ofertas y si existió algún contacto con personas vinculadas a la presunta red de Leire Díez. También será clave determinar si su actuación fue estrictamente jurídica y administrativa o si pudo contribuir a validar una operación contaminada por influencias externas.
Su citación como investigado tiene un impacto evidente: un antiguo responsable jurídico de SEPIDES y presidente de una mesa de contratación pública deberá explicar ante el juez su papel en una operación bajo sospecha. En una causa que afecta a empresas públicas, contratos, ayudas millonarias y presuntas comisiones, esa explicación no puede quedar en la sombra.
La pieza SEPI del caso Leire sigue mostrando que la supuesta trama no se habría movido únicamente en los despachos políticos, sino también en los engranajes administrativos donde se tramitan expedientes, se valoran ofertas y se adjudican contratos. En ese mapa, Fernando Albert Aragón aparece como una pieza clave para saber si el contrato del PEPA fue un procedimiento limpio o una operación más dentro de una red de influencia que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Fuente: elDiario.es, El País, Cadena SER, Libertad Digital, El Español, Infobae y RTVE.
