El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá ratificó la privación de libertad preventiva para cinco ciudadanos vinculados con la Operación Pandora, un sumario judicial que indaga una supuesta estafa fiscal superior a los 40 millones de dólares. Por otra parte, la misma instancia judicial dispuso la reclusión preventiva de un sexto procesado, quien hasta ese momento cumplía arresto domiciliario.
Otros ocho procesados decidieron retirar los recursos de apelación que habían presentado contra las medidas cautelares, por lo que las disposiciones impuestas anteriormente continuarán vigentes. La única excepción corresponde a una mujer que seguirá bajo arresto domiciliario por razones humanitarias relacionadas con una intervención quirúrgica en la cabeza realizada en 2025.
Aunque se ratificó el arresto domiciliario de esta procesada, los jueces estimaron que hay una conexión significativa con los sucesos indagados y dispusieron la colocación de un dispositivo de vigilancia telemática durante el desarrollo del procedimiento legal. Tal determinación fue tomada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
El Ministerio Público había pedido conservar la privación de libertad bajo el argumento de que persisten peligros procesales. Entre los motivos esgrimidos figuraba el riesgo de que ciertos elementos probatorios sufran alteraciones mientras se desarrollan diversas actuaciones indagatorias pendientes.
Los expertos todavía tienen pendiente sumar testimonios, datos bancarios y papeles vinculados a las empresas asociadas con las pesquisas en curso. Estos componentes tal vez contribuyan a esclarecer la supuesta operativa del entramado y a esclarecer el grado de implicación de los sospechosos.
El caso se concentra en el supuesto uso irregular de la plataforma E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI). De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, el sistema habría sido manipulado para gestionar y apropiarse de créditos fiscales, ocasionando un perjuicio al Estado panameño que supera los 40 millones de dólares.
Entre las personas que mantuvieron sus recursos de apelación hasta el final se encuentran las exfuncionarias de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez, además de Juan Omar Palacios. Este último es señalado por el Ministerio Público de haber recibido más de medio millón de dólares de una sociedad considerada presuntamente intermediaria dentro del esquema investigado.
Durante la vista judicial, tanto Sáez como Chong negaron haber estado al tanto de la operación de una red delictiva en el interior de la agencia de tributos. Las dos sostuvieron que las carpetas vinculadas a los beneficios fiscales arribaban con el visto bueno previo y que su labor se reducía a gestionar trámites burocráticos, al margen de cualquier decisión sobre las transacciones investigadas.
La investigación mantiene actualmente a 21 personas imputadas por presuntos delitos que incluyen blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsedad documental y corrupción de servidores públicos. Sin embargo, el Ministerio Público ha advertido que el alcance de las pesquisas podría ampliarse hasta unas 50 personas.
Las pesquisas se originaron a partir de una revisión interna llevada a cabo por la DGI, la cual descubrió discrepancias entre los datos fiscales y las operaciones visibles en la plataforma E-Tax 2.0. Dentro de los descubrimientos sobresalieron transacciones carentes de sustento documental, reversiones de operaciones previas y alteraciones vinculadas a créditos impositivos y a los receptores de pagos tributarios.
Las pesquisas condujeron a más de 20 allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde fueron aprehendidos funcionarios de la DGI y particulares. Las autoridades buscan establecer quiénes autorizaban las operaciones, cómo funcionaba la estructura y cuál habría sido el destino de los recursos obtenidos mediante los créditos fiscales cuestionados.
Según la hipótesis de la Fiscalía, una parte del dinero habría sido distribuida en efectivo con el objetivo de dificultar su rastreo. Por ello, el análisis de cuentas bancarias, sociedades y movimientos financieros continúa siendo una de las principales líneas de investigación para determinar si participaron más personas y si el perjuicio económico supera la cifra calculada inicialmente.
Con la resolución del Tribunal Superior de Apelaciones, las principales medidas cautelares permanecen vigentes mientras continúa la investigación. El caso Pandora se mantiene como uno de los principales expedientes recientes de presunta corrupción vinculada al sistema tributario panameño, tanto por el número de personas investigadas como por el monto del supuesto perjuicio al Estado.
Fuente: Infobae — Infobae, “Justicia panameña confirma la detención de los imputados por fraude de $40 millones en el sistema tributario”
