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Keiko Fujimori llega a la presidencia con 69 investigaciones fiscales en su historial

Jaime Navarro

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El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia del Perú luego de imponerse en la segunda vuelta electoral por una estrecha diferencia de solamente 49,641 votos frente a Roberto Sánchez. Tras cuatro postulaciones consecutivas, alcanza el poder ostentando 69 investigaciones fiscales en su legajo —de las cuales 51 fueron archivadas y 18 continúan abiertas—, proviniendo casi todas del conocido «Caso Cócteles», la causa judicial sobre presunto financiamiento irregular de sus campañas correspondientes a 2011 y 2016, la cual abarca donaciones admitidas por la empresa brasileña Odebrecht. Dicho expediente recopila los antecedentes documentados a lo largo de su trayectoria en la política.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Cócteles — campaña 2011 Financiación simulada mediante empresarios y la constructora Odebrecht (US$1 millón) disfrazada bajo la fachada de rifas y «cócteles» Admitido parcialmente por la defensa de Fuerza Popular
2 Caso Cócteles — campaña 2016 Fondos ocultos que comprenden US$480,000 recaudados por José Chlimper Indagado por el Ministerio Público; carece de fallo definitivo
3 Prisión preventiva (2018-2019) Reclusión superior a 13 meses motivada por peligro de obstaculización procesal Validado — mandato judicial cumplido
4 Juicio oral (2024-2025) Procesada por organización criminal, lavado de activos, falsa declaración y obstrucción; la Fiscalía solicitó una pena de 30 años y 10 meses Audiencias celebradas; sin sentencia absolutoria o condenatoria definitiva
5 Anulación del juicio por el TC (oct. 2025) El Tribunal Constitucional declaró nulo el proceso oral debido a irregularidades procesales imputadas al Ministerio Público Validado — fallo del TC
6 Archivo definitivo (ene. 2026) El TC dispuso el cierre de las acusaciones por organización criminal y blanqueo de capitales vinculadas a los fondos de 2011 y 2016 Validado — fallo del TC
7 Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021) Luego de caer en la segunda vuelta, promovió la tesis del «fraude» e intentó invalidar sufragios Desestimada — la UE y la OEA tildaron las elecciones de transparentes
8 Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (sept. 2026) Integró a Arsenio Oré, Jaime Yoshiyama y José Chlimper —vinculados al Caso Cócteles— dentro de una comisión asesora presidencial Verificado por la prensa
9 Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (sept. 2026) Durante la Asamblea General criticó la continuidad de los juicios a militares por la lucha antiterrorista; la titular del Poder Judicial desaprobó tales afirmaciones Validado — alocución pública propia

1. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2011

Durante septiembre de 2011, la ONPE documentó que Fuerza Popular (conocida en aquel entonces como Fuerza 2011) reportó percepciones superiores a los S/17 millones destinados a la contienda presidencial de ese periodo, registrando a su vez una cifra considerable de remesas sin procedencia clara. Dicha agrupación política intentó justificar una fracción de dichos fondos mediante un par de acontecimientos: una recepción efectuada en diciembre de 2010 que supuestamente acopió cerca de US$119,750 y un evento adicional, celebrado en el transcurso del mismo mes, por un valor aproximado de US$90,000. Desde el año 2014, el Ministerio Público ha mantenido la tesis de que tales actividades y sorteos resultaban insuficientes para solventar una campaña de semejantes proporciones, operando detrás una estructura de «aportantes simulados» o maniobras de pitufeo, donde diversos empresarios cedían sus identidades para encubrir la verdadera procedencia de los recursos. El Comercio informó que los propios letrados de Fuerza Popular admitieron ante el tribunal la existencia de contribuyentes ficticios, si bien rechazaron categóricamente que esto configurara un delito de blanqueo de capitales.

Entre los donantes mencionados sobresalen Dionisio Romero (Credicorp), quien aportó cerca de US$3.65 millones, y Juan Rassmuss (Sudamericana de Fibras), de acuerdo con Resumen Latinoamericano. Durante febrero de 2019, el exdelegado de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, testificó frente a fiscales de ese país que la compañía brasileña entregó US$1.2 millones para la contienda electoral de 2011 mediante Jaime Yoshiyama, tal como informó RPP. Adicionalmente, el cuaderno de Marcelo Odebrecht, dado a conocer en 2017, contenía un apuntamiento referente a «aumentar Keiko», mencionado por El Comercio.

2. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2016

La misma investigación se extendió a la campaña presidencial de 2016, en la que Fujimori perdió el balotaje frente a Pedro Pablo Kuczynski por un margen mínimo. Según Resumen Latinoamericano, en 2016 José Chlimper Ackerman, entonces secretario general de Fuerza Popular, habría recogido US$480,000 en cinco entregas, dinero cuyo destino final no quedó establecido en el expediente fiscal. Un reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos de 2018 concluyó que el partido solo pudo justificar el 33% del dinero recaudado en conjunto para ambas campañas.

La Fiscalía, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, sostiene que Fujimori y la dirigencia de Fuerza Popular usaron el mismo mecanismo de aportantes simulados en 2016 para ocultar el origen de los fondos, según reconstruye El Comercio. Entre los citados a declarar figuró el excongresista Rolando Reátegui, quien se acogió a la colaboración eficaz y relató cómo reclutó aportantes falsos en la región San Martín por pedido de la dirigencia del partido, según Epicentro.

3. Detención preliminar y prisión preventiva (2018-2019)

En octubre de 2018 Fujimori fue detenida preliminarmente por diez días mientras la Fiscalía investigaba el presunto lavado de activos ligado a los cócteles y rifas de Fuerza 2011, según RPP. Meses después, el juez Richard Concepción Carhuancho admitió el pedido fiscal de prisión preventiva por riesgo de obstrucción a la investigación, y Fujimori permaneció detenida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos durante más de 13 meses, de acuerdo con La República. Para la tesis fiscal de ese momento, Fujimori «orienta, conduce y coordina» las actividades de una organización criminal dentro de su partido. La medida fue luego revisada y Fujimori recuperó su libertad, aunque continuó bajo distintas restricciones (comparecencia, impedimento de salida del país) mientras avanzaba el proceso.

4. Juicio oral y acusación fiscal (2024-2025)

El pasado 1 de julio de 2024 dio inicio el juicio oral correspondiente al Caso Cócteles, el cual involucra a Fujimori, a su antiguo cónyuge Mark Vito Villanella y a otros 44 implicados, de acuerdo con la información publicada por Infobae. Los cargos imputados comprenden organización criminal, blanqueo de capitales, obstaculización de la labor judicial y falsedad en declaración dentro de un trámite administrativo. La etapa de saneamiento procesal, previa al debate en tribunales, se extendió durante un año y nueve meses bajo la supervisión del magistrado Zúñiga, abarcando un legajo fiscal superior a las 13 mil fojas, según consigna El Comercio, medio que asimismo precisa que el Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 30 años y 10 meses para los exconsejeros Pier Figari y Ana Herz, así como 22 años y 8 meses para Vito Villanella.

Conforme al mencionado documento, un testigo protegido indicó que Herz y Figari obtenían fondos de hombres de negocio que rehusaban aparecer en el registro oficial de donantes para los comicios de 2011. Por otro lado, la defensa legal de Fujimori argumentó a lo largo del juicio que el Ministerio Público no conseguiría demostrar la comisión del delito de blanqueo de capitales.

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5. Anulación del juicio por el Tribunal Constitucional (octubre 2025)

En octubre de 2025, cuando el juicio oral seguía en curso, el Tribunal Constitucional anuló el proceso iniciado en 2024. Según recoge La Válvula, el TC consideró que la Fiscalía había incurrido en múltiples subsanaciones a su acusación que afectaban el debido proceso de los acusados. La resolución no se pronunció sobre la existencia o no del financiamiento irregular, sino sobre defectos procesales atribuidos al Ministerio Público a lo largo de los años de instrucción.

6. Archivo definitivo del caso (enero 2026)

El archivo de los cargos de lavado de activos y organización criminal por los aportes de las campañas de 2011 y 2016 llegó en enero de 2026, por orden del Tribunal Constitucional, según La Válvula. Como reconstruye El Comercio, el TC sostuvo que en esos años el financiamiento irregular de partidos aún no era un delito autónomo —se tipificó recién en 2019— y que no se había probado la existencia de una organización criminal dentro del partido. Pedro Pablo Kuczynski ya se había beneficiado de la misma vía procesal: su caso por aportes de Odebrecht también se archivó en 2026, lo que llevó a Ollanta Humala, condenado por hechos similares y todavía en prisión, a reclamar públicamente.

Con este archivo se cierra, al menos en el ámbito penal, el proceso judicial que marcó la trayectoria política de Fujimori a lo largo de más de diez años.

7. Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021)

Luego de caer en la segunda vuelta de 2021 ante Pedro Castillo por una diferencia mínima de 0.25 puntos porcentuales, Fujimori evitó aceptar el marcador en un principio, acusó un presunto fraude y promovió numerosos recursos para anular actas y sufragios, conforme a lo señalado por Wikipedia. El Jurado Nacional de Elecciones desestimó dichos recursos y declaró triunfador a Castillo el 19 de julio de 2021; solo en ese momento, Fujimori comunicó que aceptaría el desenlace.

Organismos internacionales de observación electoral, entre ellos la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, concluyeron que los comicios habían sido limpios y competitivos, de acuerdo con La Válvula. No se documentó ninguna irregularidad que respaldara la denuncia de fraude a la escala necesaria para revertir el resultado.

8. Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (septiembre 2026)

El 16 de septiembre de 2026, ya investida como presidenta, Fujimori designó a Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman junto a Arsenio Oré dentro de una Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, tal como informó La República. Por su parte, Yoshiyama fue señalado por el Ministerio Público como el individuo que, basándose en el testimonio de Jorge Barata, canalizó y encubrió los fondos de Odebrecht destinados a la campaña electoral de 2011; asimismo, Chlimper, quien fungía como secretario general de la organización política en aquel periodo, afrontó pesquisas judiciales por los mismos cargos atribuidos a Fujimori, abarcando organización criminal, lavado de activos, además de falsa declaración y falsedad genérica. Cabe destacar que ambos personajes ejercieron como ministros durante la administración de Alberto Fujimori.

Tras cerrarse el expediente del caso en enero de 2026, ninguno de los tres afronta actualmente acusaciones formales relacionadas con Cócteles; sin embargo, dicha designación ha vuelto a poner sobre la mesa los cuestionamientos en torno al vínculo entre la mandataria y el entorno vinculado al proceso que definió su trayectoria.

9. Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (septiembre 2026)

Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre de 2026, Fujimori declaró: «derrotamos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo procesados, pese a haberse demostrado que se vulneró el debido proceso», recogió Infobae. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó «completamente» esa afirmación y recordó que en la lucha contra el terrorismo también fueron asesinados jueces, y que fue la judicatura la que condenó a Abimael Guzmán.

Fujimori no retrocedió: respondió que no iba a «callar» sobre «los errores del pasado», publicó Infobae. Fue el primer enfrentamiento público entre su gobierno y la cabeza del Poder Judicial.

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Apéndice: indagaciones abiertas sin imputación ni fallo

A día de hoy, los siguientes procesos siguen abiertos y todavía no se han traducido en cargos formales ni fallos judiciales. Estos antecedentes se exponen a modo de cronología procesal y no como verdades demostradas. A raíz de su llegada a la jefatura del Estado, el artículo 117 de la Constitución restringe el progreso de las pesquisas en su contra a lo largo de su periodo presidencial, conforme a lo publicado por Gestión.

Indagación sobre las contribuciones de la campaña 2021

Una investigación preparatoria distinta quedó formalizada el 30 de septiembre de 2025 por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Comprende a Fujimori, Luis Galarreta, Miguel Torres, Lidman Miranda y a Fuerza Popular como persona jurídica, a quienes la Fiscalía atribuye haber integrado una organización criminal para lavar activos con los aportes de la campaña de 2021, informó RPP. La investigación tiene un plazo de 36 meses y el juez Wilson Verástegui solo dictó comparecencia simple.

De acuerdo con Infobae, la hipótesis del ministerio público abarca contribuciones ficticias de procedencia oculta, la utilización de S/1.6 millones de subsidio estatal destinados a actividades proselitistas, así como la captación de S/1,258,708 transcurridos entre el 9 y el 30 de julio de 2021 con el propósito de objetar la victoria de Pedro Castillo. Diversos contribuyentes rechazaron haber efectuado los aportes que les adjudican. Todavía no existen cargos formales ni fallos judiciales.

Caso Alas Peruanas

En una investigación distinta del Caso Cócteles, el Ministerio Público atribuye a Fujimori y a su exasesor Pier Figari la presunta autoría de lavado de activos agravado con dinero que habría salido de la Universidad Alas Peruanas y de la organización atribuida a su fundador, Fidel Ramírez, padre del exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. Según La República, la tesis fiscal incluye S/210,000 recibidos en 2011, S/54,536 entre 2014 y 2015 y dos transferencias de inmuebles en Lima.

Aunque el 30 de abril de 2025 el Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria había incorporado a Fuerza Popular como persona jurídica, una sala de apelaciones declaró luego ilegal esa incorporación y sacó al partido del proceso, informó Gestión. Para las personas naturales, la investigación sigue abierta y sin acusación.

Investigación por enriquecimiento ilícito (2026)

Semanas después del archivo de Cócteles, el 4 de febrero de 2026, trascendió que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima había abierto una investigación por enriquecimiento ilícito contra Fujimori, informó Infobae. La pesquisa se centra en los US$3.6 millones en efectivo que Dionisio Romero le habría entregado entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, y la Fiscalía advierte que sus declaraciones juradas como congresista de 2010 y 2011 casi no cambiaron pese a esos fondos.

A diferencia del caso archivado, centrado en el financiamiento partidario, esta investigación examina su patrimonio personal. Fue calificada como compleja, con un plazo inicial de ocho meses. No hay acusación.

Fuentes consultadas

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