El juicio de la trama Púnica, que involucra a destacados políticos del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, ha revelado nuevos detalles sobre las presiones sufridas por empresarios vinculados al caso. Durante la reanudación de las audiencias en la Audiencia Nacional, se escuchó la declaración de José Luis Huerta, empresario fallecido y dueño de la empresa Waiter Music, quien organizó eventos para el PP entre 2004 y 2013 sin recibir pago alguno «por miedo» a represalias de los implicados en esta red de corrupción.
Huerta, amigo cercano del exconsejero y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados, indicó que había resultado adjudicatario de diversos actos y espectáculos en municipios madrileños gobernados por el PP. Relató que los alcaldes de estas localidades acumulaban impagos con su empresa y que él evitaba reclamar el dinero por miedo a quedar fuera de futuras contrataciones. Añadió que este comportamiento se repetía de forma habitual e incluía celebraciones y mítines electorales, generando deudas que oscilaban entre 50,000 y 60,000 euros.
Entre los acusados destaca Francisco Granados, a quien se le acusa de prevaricación y fraude en la contratación. Huerta señaló que Granados, incluso tras convertirse en consejero en 2003, seguía ejerciendo gran influencia política en Valdemoro. «Cuando él llegaba, los concejales decían: ‘Ha llegado el jefe’», comentó José Luis Huerta en su declaración.
El empresario afirmó que los servicios que ofrecía para actos políticos del PP se cargaban a las finanzas municipales, lo que terminó elevando la deuda de los Ayuntamiento. Entre los episodios más destacados mencionó un mitin electoral organizado en Algete en 2008, al que acudió Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno. Tras exigir el abono de las facturas, Huerta señaló que solo obtuvo respuestas evasivas. Según explicó, «Granados me comentaba que no había fondos y que diera por hecho que ya estaba correctamente compensado con los contratos de las fiestas».
La Fiscalía ha solicitado una pena de seis años de prisión para Francisco Granados y entre dos y cuatro años para varios exalcaldes acusados, incluyendo figuras como José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro, y Esteban Parro, exsenador y exregidor de Móstoles. La lista de imputados también incluye otros exalcaldes de municipios como Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, imputados por delitos como prevaricación y malversación.
Este juicio, que se centra en una presunta financiación irregular del PP mediante contratos fraudulentos a eventos, continúa profundizando en las prácticas corruptas de una de las redes más amplias de corrupción política en España.
Procedencia: The Objective ([https://theobjective.com/espana/tribunales/2026-04-21/empresario-monto-actos-pp/])
