Pablo Romero, exjefe de la Senain, y su condena en el caso Balda

Pablo Romero, exjefe de la Senain, y su condena en el caso Balda

Contenido
  1. Tabla de hallazgos
  2. Caso Sobornos 2012-2016
  3. Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política
  4. El Caso Balda y la convocatoria a juicio por plagio
  5. Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda
  6. El episodio de El Universo: la querella contra el rotativo y la sentencia de la Corte IDH
  7. Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal
  8. Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela
  9. Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio
  10. Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)
  11. Fuentes consultadas

Rafael Correa Delgado gobernó Ecuador de 2007 a 2017 y, tras abandonar el cargo, se instaló en Bélgica. Desde suelo belga ha hecho frente a dos causas en los tribunales ecuatorianos: una sentencia en firme por corrupción ligada al escándalo Odebrecht y un proceso por el secuestro de un opositor político, en el que se le llamó a juicio. Lo que sigue reúne solo hallazgos comprobados y que siguen vigentes.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Sobornos 2012-2016 Encabezó una red que obtuvo US$7.5 millones en aportes indebidos a cambio de adjudicaciones públicas Confirmado — condena de 8 años (abril 2020)
2 Ratificación en segunda instancia La Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo y rechazó gran parte de los recursos Confirmado — julio 2020; abarca una inhabilitación política de 25 años
3 Caso Balda — llamamiento a juicio Señalado como cabecilla de la cadena de mando que ordenó el secuestro de un opositor en Bogotá (2012) Llamado a juicio (2018); sin sentencia sobre su responsabilidad, proceso pendiente
4 Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda Pablo Romero, exdirector de la Senain, recibió una sentencia como autor mediato del plagio Confirmado — condena de 9 años (2020)
5 Caso El Universo y fallo de la Corte IDH Su querella contra el articulista Emilio Palacio y los directivos del periódico derivó en una pena de 3 años y US$40 millones; la Corte IDH determinó que Ecuador vulneró la libertad de expresión Confirmado — sentencia de la Corte IDH (diciembre 2021)

Caso Sobornos 2012-2016

El 7 de abril de 2020 el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia condenó a Correa a 8 años de prisión por cohecho agravado, en el marco del caso conocido como Sobornos 2012-2016, según Reuters/Yahoo. El tribunal, integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, determinó que Correa lideró una estructura jerárquica que recibió US$7.5 millones en «aportes indebidos» en el Palacio de Carondelet, para financiar de forma irregular a su movimiento político Alianza País a cambio de adjudicar contratos estatales a empresas, entre ellas Odebrecht, de acuerdo con World Compliance Association.

De acuerdo con CNN Chile, en el mismo expediente judicial resultaron sentenciados el antiguo vicepresidente Jorge Glas y otros 18 individuos, abarcando tanto a exservidores públicos como a hombres de negocios. Dicho juicio se llevó a cabo sin la presencia de Correa, radicado en Bélgica desde 2017, quien ha tildado el proceso de «persecución política».

Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política

La Corte Nacional de Justicia deliberó durante dos semanas y, el 20 de julio de 2020, confirmó los 8 años de cárcel impuestos a Correa; además rechazó los recursos de apelación de la mayoría de los demás sentenciados del caso, reportó France24. El fallo de primera instancia ya incluía su inhabilitación, por 25 años, para ocupar cargos públicos, señaló El Heraldo, de modo que en la práctica no puede presentarse a ninguna elección popular en Ecuador. Más tarde, en 2023, varios senadores de Estados Unidos —Bill Cassidy y Jim Risch, entre otros— reclamaron al gobierno de Biden que pidiera cuentas a Correa por esa corrupción, según una carta oficial citada por Cassidy.senate.gov.

El Caso Balda y la convocatoria a juicio por plagio

En agosto de 2012 el opositor Fernando Balda, refugiado entonces en Bogotá, sufrió un cautiverio de varias horas en el que resultó golpeado, amenazado de muerte y posteriormente abandonado en la calle, de acuerdo con Perfil. La pesquisa concluyó que los captores contaron con la complicidad de miembros de la Senain (antigua inteligencia presidencial), cuyas acciones presuntamente recibieron el visto bueno y el financiamiento del Ejecutivo. Ya en noviembre de 2018, la magistrada Daniella Camacho, perteneciente a la Corte Nacional de Justicia, llamó a juicio a Correa junto a otros tres exfuncionarios por este plagio, tras examinar 44 elementos de convicción y determinar que el delito obedeció a «una cadena de mando jerarquizada» liderada por el exmandatario, tal como informaron Plan V y El Tiempo. Dicha autoridad judicial también había ordenado previamente la prisión preventiva del exmandatario dentro de este proceso, según reportó El Universo.

Correa rechaza las acusaciones y las tilda de persecución política. De acuerdo con El Universo, en marzo de 2025 el proceso judicial en su contra por este asunto continuaba paralizado desde 2018, sin que se hubiera resuelto su responsabilidad.

Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda

El 13 de agosto de 2020, en el mismo caso, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó por unanimidad a 9 años de prisión a Pablo Romero, quien fuera secretario nacional de Inteligencia (Senain) durante el gobierno de Correa, como autor mediato del secuestro de Balda, según El Universo. Balda calificó esa sentencia como «el eslabón» que conecta la cadena de mando entre los secuestradores materiales y Correa. Dos exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, ya habían sido condenados en 2019 en Ecuador por el mismo caso, con penas reducidas por haberse acogido a la colaboración eficaz.

Esta condena a Romero es un hallazgo confirmado y firme por derecho propio, distinto de la situación de Correa: mientras Romero fue efectivamente sentenciado por su rol en el secuestro, el proceso contra el propio Correa por el mismo hecho permanece, según las fuentes consultadas, sin resolverse.

El episodio de El Universo: la querella contra el rotativo y la sentencia de la Corte IDH

El origen está en una columna: «No a las mentiras», que Emilio Palacio publicó en El Universo el 6 de febrero de 2011 y en la que criticaba cómo había manejado Correa la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. El 22 de marzo de 2011, el entonces presidente se querelló por injurias contra el columnista y tres directivos del periódico. Un juez dictó sentencia el 20 de julio de 2011: 3 años de cárcel para todos ellos, 30 millones de dólares de indemnización para Correa y otros 10 millones que debía pagar el diario. Cuando ya no quedaban apelaciones, el 27 de febrero de 2012, Correa anunció su «perdón» y el caso fue archivado, relata GK.

Ecuador fue declarado internacionalmente responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2021, al considerar que violó la libertad de expresión y las garantías judiciales de quienes habían sido condenados, informó Primicias. La Corte dispuso que la condena quedara sin efecto y que se indemnizara a las víctimas, según CNN. Por otra parte, en noviembre de 2022 el Comité de Derechos Humanos de la ONU también concluyó que el Estado ecuatoriano lesionó los derechos de los directivos de El Universo mediante las sanciones que la Superintendencia de Comunicación les impuso bajo el gobierno de Correa, de acuerdo con El Universo.

Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal

Las siguientes investigaciones y denuncias no han derivado en acusación formal ni en sentencia contra Correa. Se recogen como recorrido judicial, no como hechos probados.

Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela

En octubre de 2025, tras una denuncia anónima, la Fiscalía dio inicio a una indagación previa con carácter reservado por un supuesto delito de lavado de activos, barajando la teoría de que ingresaron fondos en efectivo desde Venezuela con el fin de sostener la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana. El 28 de enero de 2026 se llevaron a cabo registros en Pichincha y Guayas; Correa figura a la cabeza de un grupo de ocho investigados, acompañado por Luisa González y Andrés Arauz, entre otros, de acuerdo con Primicias. Por su parte, González negó haber recibido dinero proveniente de Venezuela.

Tras esta indagación, el Tribunal Contencioso Electoral decretó en marzo de 2026 la suspensión de Revolución Ciudadana durante nueve meses, imposibilitando así que la formación participe formalmente en los comicios seccionales programados para el 29 de noviembre de 2026, conforme a lo reportado por Primicias y Vistazo. Hacia mayo de 2026 todavía no se habían presentado cargos formales contra Correa y el proceso continuaba bajo reserva.

Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio

Durante la vista judicial llevada a cabo el 3 de septiembre de 2025 frente a los presuntos autores intelectuales del homicidio del aspirante presidencial Fernando Villavicencio (ocurrido el 9 de agosto de 2023), el ente acusador reprodujo un audio del FBI en el cual uno de los sicarios, quien posteriormente perdió la vida en la cárcel, dice que el trabajo era «para el de arriba» y lo identifica con Correa, tal como lo dio a conocer Expreso. Por su parte, el magistrado exhortó al Ministerio Público a evitar especulaciones y exigió que no se transforme el juicio en un «teatro político», según reportó Infobae.

Correa no está procesado en esta causa y ha negado cualquier vínculo con el crimen. Los acusados son el exministro José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y tres cabecillas de Los Lobos; en junio de 2026 el juez declaró la validez procesal y la causa avanza hacia el llamamiento a juicio, según Primicias.

Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)

Según Vistazo, la ministra de Gobierno Nataly Morillo presentó el 22 de junio de 2026 una denuncia en la Fiscalía en la que sostiene que Correa estaría a la cabeza de una red de espionaje político basada en las cámaras de Segura EP, la empresa de seguridad del municipio de Guayaquil, por posibles delitos de peculado, uso indebido de información pública e intimidación. El sustento son unos audios filtrados de lo que sería una conversación de Correa con Rodney Rengel, expolicía.

Tras rechazar los señalamientos, Correa criticó al Gobierno, de acuerdo con Expreso. Actualmente, la denuncia se encuentra en etapa indagatoria y todavía no se han presentado cargos formales.

Fuentes consultadas

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