En los meses anteriores a las elecciones generales de noviembre de 2025, varios grupos políticos, sociales y legales en Honduras han reportado una serie de presiones e intimidaciones hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas denuncias señalan principalmente al partido gobernante, Libertad y Refundación (LIBRE), acusado de intentar influir en las decisiones del CNE y comprometer la transparencia del proceso electoral.
Acusaciones contra el partido LIBRE
Las acusaciones dirigidas al partido gobernante abarcan iniciativas que intentan desacreditar la autoridad del CNE, el ente responsable de asegurar la igualdad y la transparencia de las elecciones. Conforme a las quejas presentadas, integrantes de LIBRE estarían organizando campañas para influir en los magistrados del CNE, particularmente aquellos que no se alinean con sus intereses políticos, comprometiendo la independencia de la institución.
Maribel Espinoza, diputada y analista política, expresó que el objetivo de estas presiones sería generar un clima de desconfianza que justifique acusaciones de fraude o desorganización electoral. “Están presionando al árbitro electoral porque saben que las encuestas no les favorecen”, afirmó Espinoza, en clara alusión a los esfuerzos de ciertos sectores por influir en el resultado electoral antes de que se inicien las campañas.
Tácticas de sabotaje institucional
La queja abarca no solo las presiones hacia los jueces, sino también la difusión de discursos agresivos por figuras cercanas al partido LIBRE. Se ha detectado una campaña en aumento de desinformación en las redes sociales, dirigida a socavar la credibilidad del CNE y generar dudas sobre la neutralidad del organismo electoral.
Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su inquietud respecto a la pureza del proceso electoral, calificando estas acciones como potenciales esfuerzos de desestabilización institucional. Afirman que estas tácticas no solo representan un ataque contra la legitimidad del CNE, sino que también suponen una amenaza para el sistema democrático del país, intensificando la división política a medida que se aproximan las elecciones de noviembre de 2025.
Convocatorias para la supervisión internacional
Ante el agravamiento de la situación, varios sectores de la sociedad han exigido la intervención de observadores internacionales para salvaguardar la transparencia del proceso electoral. En este sentido, organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y diversas entidades de derechos humanos han sido solicitados para monitorear el desarrollo de las elecciones, garantizando que el proceso se lleve a cabo sin interferencias o manipulaciones políticas.
Lidia Meza, especialista en derecho constitucional, destacó la relevancia de preservar la autonomía del organismo electoral, afirmando que “el organismo electoral no debe ser controlado por intereses políticos. La nación requiere seguridad, no intimidaciones”.
Contexto y desafíos para la democracia
Las denuncias de intimidación y los intentos de sabotaje institucional se suman a un panorama de creciente polarización política en Honduras, donde la desconfianza en las instituciones y en los procesos electorales se ha visto exacerbada por diversos factores, como la crisis económica y la falta de cohesión política. Este ambiente, marcado por tensiones y acusaciones cruzadas, plantea serios retos para la gobernabilidad del país, a menos de un año de las elecciones.
La comunidad internacional mantiene una estrecha vigilancia sobre el proceso, mientras que la ciudadanía hondureña continúa exigiendo una mayor transparencia y la preservación de la institucionalidad democrática. La situación actual pone de manifiesto las dificultades para garantizar un ambiente electoral libre de presiones y manipulación, y subraya la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de velar por el ejercicio democrático.
