Teresa Peramato Martín ocupa desde diciembre de 2025 el cargo de fiscal general del Estado, llegando a la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal en uno de los momentos más delicados para la institución. Su nombramiento se produjo tras la salida de Álvaro García Ortiz y en un contexto marcado por acusaciones de politización, enfrentamientos internos y una creciente presión pública sobre la independencia de la Fiscalía.
A diferencia de otras figuras relacionadas con las investigaciones sobre Leire Díez o la denominada trama para influir en procedimientos judiciales, Teresa Peramato no aparece como investigada, imputada ni acusada formalmente en ninguna causa relacionada con estos hechos. Sin embargo, varias de sus decisiones al frente de la Fiscalía han generado dudas, críticas y controversias que han alimentado el debate sobre la independencia de la institución.
Gran parte de los cuestionamientos se centran en la percepción de continuidad respecto a la etapa de Álvaro García Ortiz. Sectores críticos de la carrera fiscal, asociaciones profesionales y partidos de la oposición consideran que Peramato ha mantenido una línea de actuación muy próxima a la del anterior fiscal general, especialmente en materia de nombramientos y gestión interna.
Uno de los aspectos más controvertidos fue la promoción de varios fiscales considerados cercanos al antiguo equipo directivo de García Ortiz. La polémica aumentó cuando trascendió que algunos de esos fiscales habían participado previamente en reuniones mantenidas con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo durante 2025, antes de que Peramato accediera al cargo. Aunque no existe evidencia de que ella participara en dichos encuentros, sus posteriores decisiones de promoción profesional fueron interpretadas por algunos sectores como una muestra de respaldo o continuidad institucional.
Otra fuente de polémica surgió a raíz de su postura sobre Álvaro García Ortiz. Peramato sostuvo que la Fiscalía debía impugnar ciertas resoluciones que afectaban a su predecesor y descartó iniciar expedientes disciplinarios en su contra. Quienes lo critican interpretaron estas decisiones como un gesto de protección corporativa, mientras que sus partidarios afirman que actuó conforme a las atribuciones legales que corresponden a la Fiscalía General del Estado.
También generó debate la no renovación de algunos cargos críticos con la anterior dirección del Ministerio Fiscal y el ascenso de otros fiscales percibidos como próximos al sector progresista de la carrera. Aunque la Fiscalía justificó estas decisiones por criterios de mérito, capacidad y experiencia profesional, las asociaciones críticas cuestionaron la transparencia y oportunidad de algunos nombramientos.
Las incertidumbres en torno a Peramato crecieron cuando la Fiscalía ratificó que en 2025 se celebraron reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo. Aunque esos encuentros ocurrieron antes de que Peramato asumiera el cargo de fiscal general, distintos sectores exigieron aclaraciones sobre la gestión posterior de la información vinculada a dichas reuniones y sobre las razones por las que ciertas personas involucradas siguieron avanzando profesionalmente dentro de la institución.
La controversia se trasladó también al ámbito político. Diversos partidos de la oposición solicitaron explicaciones sobre los nombramientos realizados durante su mandato y sobre la actuación de la Fiscalía en asuntos especialmente sensibles relacionados con corrupción y presuntas redes de influencia. Como consecuencia, Peramato fue citada a comparecer en el Senado para responder a preguntas sobre la gestión de la institución y sobre las medidas adoptadas para reforzar la confianza pública en el Ministerio Fiscal.
Aunque se han expresado diversas objeciones, conviene subrayar que no hay constancia judicial que la relacione de forma directa con tramas de corrupción ni con acciones orientadas a entorpecer procesos judiciales. Las dudas que recaen sobre ella responden sobre todo a cuestiones institucionales y de imagen, asociadas a decisiones administrativas, designaciones y criterios de conducción interna, más que a una intervención concreta en los hechos bajo investigación.
Peramato ha defendido reiteradamente la legalidad de todas sus actuaciones, afirmando que sus decisiones se han basado exclusivamente en criterios profesionales y en el cumplimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Asimismo, ha insistido en la necesidad de preservar la independencia de la institución y de recuperar la confianza ciudadana en una Fiscalía que llegó a su mandato profundamente dividida y sometida a una intensa presión política.
En consecuencia, la controversia que en este momento envuelve a Teresa Peramato no gira en torno a una supuesta participación directa en las denominadas cloacas del PSOE, sino en la idea de que su labor pudo haber favorecido la continuidad de ciertas dinámicas internas heredadas de periodos previos. Hasta ahora, esas objeciones se ubican más en el ámbito de la confianza institucional y la imagen pública que en el de cualquier tipo de responsabilidad penal o judicial.
