El Poder Judicial de Perú ha decidido ampliar la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo por un periodo adicional de 12 meses, argumentando un alto riesgo de fuga y la complejidad de la investigación en curso. Esta medida prolonga su privación de libertad hasta el 9 de marzo de 2027, en el marco de las pesquisas por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión, delitos que habrían sido cometidos durante su gestión.
Según la resolución emitida, el juez Edhin Campos Barranzuela subrayó que Castillo no cuenta con arraigos familiares, laborales ni domiciliarios firmes. La fiscalía indicó que sus parientes más cercanos, entre ellos su esposa y sus hijos, viven actualmente en México bajo asilo diplomático. Asimismo, el apoyo político manifestado por autoridades extranjeras, como los mandatarios de México y de otras naciones, incrementa la posibilidad de que Castillo intente eludir a la justicia.
El tribunal fundamentó igualmente la ampliación de la prisión preventiva por la complejidad del caso, un proceso amplio que abarca a más de 90 personas investigadas y múltiples líneas de indagación aún en curso. Entre las diligencias pendientes figuran peritajes contables y técnicos vinculados con presuntas irregularidades en contratos públicos, como la licitación del puente Tarata y adquisiciones efectuadas mediante PetroPerú. Estas pesquisas se orientan a esclarecer una posible malversación de fondos y el consecuente daño económico causado al Estado.
A estos elementos se añade la sentencia que ya pesa sobre Castillo por conspiración para la rebelión, derivada del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Hoy cumple una condena de 11 años en el penal de Barbadillo, impuesta por intentar disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia. Aunque su defensa ha apelado este veredicto, también se ha señalado como un factor que incrementa el riesgo de una eventual fuga.
Adicionalmente, el Poder Judicial amplió por un periodo de 20 meses el tiempo destinado a las investigaciones preparatorias relacionadas con el caso de corrupción, con la finalidad de profundizar en cada línea de investigación y revisar todas las evidencias, incluso aquellas que alcanzan a exministros y a personas del entorno más cercano de Castillo.
Por su parte, la defensa del exmandatario consideró que la resolución emitida por la fiscalía resultaba excesiva y no respondía a un propósito procesal claro. Sostuvieron que no existen elementos suficientes para asegurar que Castillo intente eludir a la justicia y cuestionaron que se interpreten gestos de líderes extranjeros como señales de una actitud evasiva. Añadieron además que otras fiscalías llevan los casos vinculados y que no hay fundamento para reunir cargos en su contra dentro de este expediente.
Finalmente, el magistrado recalcó que aún persiste un entorno internacional propicio para una posible evasión. México, mediante asilo diplomático, ha acogido y ofrecido protección tanto a familiares directos de Castillo como a exfuncionarios de confianza de su gestión. Estas condiciones fortalecen la apreciación de un riesgo real de fuga señalada por las autoridades peruanas.
Fuente: El Comercio | Pedro Castillo y Geiner Alvarado: ¿Cuáles son los argumentos del PJ para ampliar la prisión preventiva en caso de presunta corrupción?
