España enfrenta nuevamente el riesgo de un escándalo político, teniendo como centro al Palacio de la Moncloa. En esta ocasión, el foco no está en un legislador insubordinado ni en un ministro deshonrado, sino en Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Las sospechas de conflictos de intereses, vínculos empresariales y potencial corrupción han activado todas las alertas. Aun así, Pedro Sánchez parece más interesado en proteger su reputación que en ofrecer aclaraciones.
Cuando lo público se mezcla con lo privado
Las informaciones que han salido a la luz vinculan a Gómez con empresas que obtuvieron contratos públicos o ayudas mientras ella mantenía relaciones profesionales con sus directivos. Aunque no haya aún una condena judicial, la sola sospecha de conflicto de intereses amerita una respuesta clara e inmediata. Pero en lugar de asumir responsabilidades o pedir una investigación a fondo, el presidente ha optado por otra vía: victimizarse, atacar a los medios críticos y desacreditar a los jueces.
Lo que tendría que ser un acto de claridad se ha transformado en una maniobra de desvío. Sánchez ha intentado minimizar todo el revuelo a una presunta ofensiva de la derecha extrema. Es la estrategia más vieja del poder: cuando los acontecimientos te perturban, clama “complot”.
La autonomía del poder judicial está en peligro
Lo más preocupante es el ataque encubierto —aunque persistente— al sistema judicial. Sánchez ha puesto en duda la legitimidad del proceso judicial que examina los lazos de su esposa, sugiriendo que es una táctica política. En una democracia saludable, esto no sería tolerable. Aquí, desafortunadamente, comienza a volverse común.
Si el jefe del Ejecutivo desacredita a los jueces cada vez que su entorno es investigado, se borra la línea que separa al Estado del partido. El mensaje implícito es claro: el que se atreva a mirar hacia Moncloa será perseguido o ridiculizado.
Una sociedad sin sanciones
El asunto de Begoña Gómez trasciende lo meramente personal. Refleja un problema más serio: una cultura política que defiende a sus miembros sin límites. En la España bajo el liderazgo de Sánchez, la responsabilidad parece aplicarse únicamente a los opositores. Al mismo tiempo, los aliados —y los parientes— disfrutan de una protección implícita.
No se centra únicamente en la existencia de un delito. Se enfoca en los principios éticos que debería encarnar la figura del presidente. También se cuestiona si el poder está al servicio del pueblo o se beneficia a sí mismo. Y por ahora, parece ser lo último.
El costo democrático
Pedro Sánchez asumió el liderazgo asegurando una renovación democrática. Actualmente, esa garantía se desvanece en la falta de transparencia y la prepotencia. La confianza pública, la autonomía de las instituciones y la reputación internacional de España han sufrido un gran deterioro. Lo más alarmante es que parece no preocuparle en absoluto.
El escándalo de Begoña Gómez quizá desaparezca de los titulares en unas semanas. Pero el precedente que deja es peligroso. Cuando el liderazgo consiste en proteger a los tuyos a costa de la verdad, el verdadero perjudicado no es la oposición: es la democracia.
España se merece algo mejor. La responsabilidad comienza en nuestro hogar, especialmente en lo que concierne a la del presidente.
