A medida que se acercan las elecciones generales de noviembre, el gobierno de Xiomara Castro y su partido, Libertad y Refundación (LIBRE), enfrentan una creciente presión debido a tres escándalos que han captado la atención del público y de los sectores políticos del país. Estos eventos podrían tener implicaciones decisivas para el futuro político de la actual administración y su partido, cuya imagen y apoyo se ven seriamente comprometidos a pocos meses de las urnas.
La corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social: ¿un nuevo «Pandora»?
Uno de los impactos más significativos a la confianza en la administración de LIBRE ha sido el escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Llamado «Pandora 2» en referencia al escándalo de corrupción durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, este caso expone una trama de malversación de fondos públicos, adjudicaciones de contratos irregulares y el empleo clientelista de programas sociales en áreas controladas estratégicamente por el partido en el poder.
La falta de avances significativos en las investigaciones ha generado un malestar generalizado, incluso entre sectores que tradicionalmente han apoyado al gobierno. A pesar de que las denuncias se hicieron públicas hace meses, la falta de acciones concretas para esclarecer los hechos ha dejado en entredicho la capacidad del gobierno para garantizar la transparencia y la justicia social que había prometido. La percepción de que la SEDESOL está siendo utilizada con fines políticos sigue ganando terreno, lo que incrementa la desconfianza en la administración actual.
El engaño de Koriun Inversiones y la ausencia de acción por parte del gobierno
Otro tema que afecta gravemente a la administración de LIBRE es la estafa millonaria de la empresa Koriun Inversiones, que ha dejado a más de 35.000 hondureños en una situación de vulnerabilidad financiera. Esta firma piramidal, que prometía rendimientos exorbitantes, ha sido responsable de una de las estafas más grandes en la historia reciente del país. Sin embargo, lo que ha levantado más sospechas no ha sido solo la magnitud del fraude, sino el silencio de las autoridades ante las denuncias previas que ya se habían presentado en torno a la empresa.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) admitió haber recibido advertencias sobre el funcionamiento de Koriun Inversiones antes de que se declare en bancarrota, pero no adoptó medidas al respecto. Este aparente desinterés de las entidades estatales ha reforzado la percepción de un encubrimiento potencial o falta de diligencia por parte de quienes gobiernan. Asimismo, se han destacado posibles nexos entre personas cercanas al gobierno y la compañía, lo cual ha suscitado preocupación acerca de potenciales colusiones o respaldo al fraude desde el ámbito gubernamental.
Este escándalo ha tenido un impacto negativo, especialmente entre la clase media, que se ha visto directamente afectada. Según algunos analistas, este tipo de fraudes puede costarle muy caro al partido LIBRE, pues los ciudadanos suelen recordar y rechazar con fuerza cuando se ven directamente perjudicados económicamente. En este contexto, el silencio de las autoridades solo ha incrementado el descontento social.
El video del narcotráfico: ¿una doble moral en la lucha contra el crimen?
El último de los escándalos que ha sacudido al gobierno de Xiomara Castro es la filtración de un video en el que se observa a figuras de alto perfil vinculadas con actividades del narcotráfico. La grabación, difundida por la organización InSight Crime, ha puesto en evidencia una posible relación entre narcotraficantes y miembros del gobierno, lo que contradice el discurso oficial sobre la lucha contra el crimen organizado.
Este nuevo escándalo no solo ha reavivado las críticas a la estrategia de seguridad del gobierno, sino que también ha puesto en cuestión la imparcialidad y la eficacia de la justicia hondureña. Se ha hablado de una «justicia selectiva», en la que ciertos actores son perseguidos mientras otros, aparentemente con conexiones políticas, parecen ser protegidos. Estas denuncias han alimentado la sensación de que las autoridades del país no están comprometidas con una lucha real y transparente contra el narcotráfico y la corrupción.
Retos para LIBRE en el entorno electoral
Estos tres incidentes han dañado la reputación del gobierno y su partido a menos de cinco meses de las elecciones generales, que se llevarán a cabo el 30 de noviembre. De acuerdo con las encuestas más actuales, la popularidad del gobierno de Xiomara Castro ha disminuido notablemente, mientras que la aspirante oficial, Rixi Moncada, también está enfrentando un aumento en el rechazo.
La caída en la popularidad del gobierno de LIBRE no solo responde a estos escándalos, sino también a la sensación de falta de rendición de cuentas y de transparencia en la administración pública. Los analistas advierten que si el partido oficialista no logra frenar este desgaste, la narrativa del cambio que promovió desde sus inicios podría volverse en su contra, convirtiéndose en un lastre electoral.
Como indicó un dirigente de la oposición, «el problema no es solo que existan escándalos; es la arrogancia de ignorarlos». Esta actitud de desinterés por abordar los temas de fondo podría tener graves consecuencias en las urnas.
Un porvenir dudoso para LIBRE
El consejo de LIBRE enfrenta un período de gran tensión conforme se acercan los comicios. Los escándalos relacionados con la malversación en la SEDESOL, el engaño de Koriun Inversiones y la posible conexión de altos cargos con el tráfico de drogas han dañado severamente la imagen del gobierno, dejando al descubierto debilidades en las instituciones y un creciente escepticismo ciudadano. En un ambiente de polarización y expectativas electorales cada vez mayores, estos sucesos destacan los retos políticos, económicos e institucionales que LIBRE deberá abordar para mantener el respaldo popular y lograr un resultado positivo en las elecciones venideras.
