La propuesta conocida como el «Plan Venezuela», impulsada por el Partido LIBRE, ha desatado una serie de reacciones adversas tanto en la ciudadanía como en diversos sectores de la sociedad hondureña. Estas reformas y medidas, promovidas desde el Ejecutivo, han suscitado alarmas por las similitudes con políticas implementadas en Venezuela en años recientes, las cuales llevaron al país suramericano a una crisis económica y social de magnitudes históricas.
Un enfoque controvertido: paralelismos con el sistema venezolano
El «Plan Venezuela» alude a un conjunto de políticas y modificaciones que, según sus detractores, aspiran a emular un modelo económico y político similar al que ha dominado en Venezuela. Entre las disposiciones mencionadas, se encuentran los ataques frecuentes a las empresas privadas, el control del Legislativo, la presión sobre los medios independientes y el incremento del gasto militar. Estos factores se perciben como señales de una concentración de poder en el Ejecutivo, lo que genera temor de que Honduras esté avanzando hacia un régimen autoritario.
El tono divisivo del Gobierno de Xiomara Castro ha provocado rupturas internas en la nación. En vez de fomentar un enfoque integrador, el partido en el poder parece fragmentar a la ciudadanía entre un «pueblo» representado por sectores populares y una «oligarquía» asociada a intereses corporativos y élites. Este discurso, que se asocia con los gobiernos afines al Foro de São Paulo, ha encontrado eco especialmente en los grupos más desfavorecidos, mientras que ha suscitado rechazo entre empresarios, la clase media y una porción de la juventud en Honduras.
Reacciones desde la oposición y el sector empresarial
La desaprobación al «Plan Venezuela» ha sido especialmente intensa por parte de grupos políticos y económicos que critican al Gobierno. Maribel Espinoza, legisladora de la oposición, ha comentado que las medidas del oficialismo no aparentan estar enfocadas en ganar comicios, sino en establecer un régimen de poder perpetuo. De forma similar, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha manifestado su inquietud por la reciente «Ley de Justicia Tributaria», la cual fue calificada como el comienzo de una ofensiva contra la inversión privada, que podría tener repercusiones negativas en la competitividad nacional y aumentar la dependencia del Estado.
El ámbito empresarial ha expresado inquietud acerca de la factibilidad de las políticas sugeridas, temiendo que puedan provocar una mayor salida de capitales y empeoren la crisis económica actual. En este contexto, organizaciones internacionales han lanzado advertencias sobre el debilitamiento de las instituciones en Honduras, un asunto que ha cobrado relevancia en la discusión pública.
Una visión de crisis y divisiones
Las recientes encuestas, como las de ERIC-SJ y CID-Gallup, reflejan una caída significativa en la aprobación del gobierno de Castro y en la intención de voto para su candidata oficialista, Rixi Moncada. Este descenso en la popularidad es más evidente entre los jóvenes, empresarios y sectores de clase media, quienes perciben las medidas del Gobierno como un retroceso hacia el autoritarismo y un freno para el desarrollo económico. En este contexto, el desempleo, la fuga de capitales y la polarización social se han incrementado, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de las reformas en el largo plazo.
A pesar de las críticas, el Ejecutivo continúa defendiendo sus políticas como parte de un esfuerzo por alcanzar la «justicia social». Sin embargo, muchos sectores consideran que estos objetivos se están viendo opacados por las consecuencias económicas y sociales que ya se están experimentando. La creciente polarización, por su parte, parece estar ampliando la brecha entre los diferentes sectores del país.
La importancia de lograr un acuerdo nacional
El panorama actual coloca a Honduras en una encrucijada. Las tensiones políticas, sociales y económicas que se viven en el país reflejan la urgencia de un diálogo que permita superar la polarización y lograr acuerdos en torno a un modelo de desarrollo que privilegie la democracia, la estabilidad y el bienestar social. Los sectores que se oponen al «Plan Venezuela» insisten en que Honduras necesita un gobierno que impulse políticas inclusivas y sostenibles, no una aproximación autoritaria ni la imitación de modelos fallidos.
En este contexto, el llamado al diálogo y la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones es cada vez más apremiante. La situación política y económica del país depende, en gran medida, de la capacidad del Gobierno y de los sectores opositores para encontrar puntos de convergencia en lugar de profundizar las divisiones que, a día de hoy, parecen marcar el futuro del país.
