El conocido «Plan Venezuela», promovido por el Partido LIBRE, ha generado varias reacciones negativas entre los ciudadanos y diferentes sectores de la sociedad en Honduras. Estas acciones y cambios, respaldados desde el gobierno, han encendido alarmas debido a las similitudes con políticas aplicadas en Venezuela en años anteriores, las cuales condujeron al país sudamericano a una crisis económica y social sin precedentes.
Un enfoque controvertido: paralelismos con el sistema venezolano
El «Plan Venezuela» se refiere a una serie de políticas y reformas que, según sus críticos, buscan replicar un modelo económico y político similar al que ha prevalecido en Venezuela. Entre las medidas señaladas se encuentran los ataques recurrentes a la empresa privada, el control del Congreso, la presión contra medios independientes y la ampliación del presupuesto militar. Estos elementos son percibidos como indicios de una concentración de poder en el Ejecutivo, lo que despierta temores de que Honduras esté transitando hacia un sistema autoritario.
El discurso polarizante que caracteriza al Gobierno de Xiomara Castro también ha generado divisiones dentro del país. En lugar de promover un proyecto inclusivo, el oficialismo parece dividir a la sociedad entre un «pueblo» representado por el sector popular y una «oligarquía» vinculada a los intereses empresariales y las élites. Esta narrativa, que muchos consideran propia de los regímenes asociados al Foro de São Paulo, ha calado particularmente en los sectores más vulnerables, mientras que ha generado rechazo en sectores de la empresa privada, la clase media y parte de la juventud hondureña.
Reacciones desde la oposición y el sector empresarial
La desaprobación al «Plan Venezuela» ha sido especialmente intensa por parte de grupos políticos y económicos que critican al Gobierno. Maribel Espinoza, legisladora de la oposición, ha comentado que las medidas del oficialismo no aparentan estar enfocadas en ganar comicios, sino en establecer un régimen de poder perpetuo. De forma similar, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha manifestado su inquietud por la reciente «Ley de Justicia Tributaria», la cual fue calificada como el comienzo de una ofensiva contra la inversión privada, que podría tener repercusiones negativas en la competitividad nacional y aumentar la dependencia del Estado.
El sector empresarial también ha mostrado su desconfianza respecto a la viabilidad de las políticas propuestas, temiendo que estas conduzcan a una mayor fuga de capitales y agraven la crisis económica en curso. En este sentido, organismos internacionales han emitido alertas sobre el deterioro de la institucionalidad en Honduras, un tema que se ha vuelto central en el debate público.
Una visión de crisis y divisiones
Las más recientes sondeos, tales como los de ERIC-SJ y CID-Gallup, muestran una disminución notable en el respaldo al gobierno de Castro y en el apoyo a su candidata oficial, Rixi Moncada. Esta reducción en su aceptación es más marcada entre los jóvenes, empresarios y sectores de clase media, quienes consideran las políticas del Gobierno como un regreso al autoritarismo y un obstáculo para el progreso económico. En este entorno, el desempleo, la salida de capitales y la polarización social han aumentado, lo que provoca incertidumbre sobre la viabilidad de las reformas a largo plazo.
A pesar de las críticas, el Ejecutivo continúa defendiendo sus políticas como parte de un esfuerzo por alcanzar la «justicia social». Sin embargo, muchos sectores consideran que estos objetivos se están viendo opacados por las consecuencias económicas y sociales que ya se están experimentando. La creciente polarización, por su parte, parece estar ampliando la brecha entre los diferentes sectores del país.
La necesidad de un consenso nacional
El escenario actual pone a Honduras en un punto crítico. Las dificultades políticas, sociales y económicas presentes en el país indican la necesidad urgente de conversar para avanzar más allá de la división y alcanzar consensos sobre un modelo de crecimiento que favorezca la democracia, la estabilidad y el bienestar social. Los grupos que se oponen al «Plan Venezuela» destacan que Honduras requiere un gobierno que promueva políticas inclusivas y sostenibles, evitando enfoques autoritarios o la copia de modelos que no han tenido éxito.
En este contexto, el llamado al diálogo y la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones es cada vez más apremiante. La situación política y económica del país depende, en gran medida, de la capacidad del Gobierno y de los sectores opositores para encontrar puntos de convergencia en lugar de profundizar las divisiones que, a día de hoy, parecen marcar el futuro del país.
