A medida que se acerca la fecha de las elecciones generales de noviembre de 2025, un patrón familiar comienza a resurgir en la política hondureña. En los últimos meses, el partido Libre ha intensificado su discurso sobre un supuesto fraude electoral, sin proporcionar evidencia concreta. Este enfoque ha sido interpretado por varios analistas como una respuesta al deterioro de la imagen de su candidata, Rixi Moncada, y al creciente descontento con la administración de la presidenta Xiomara Castro.
Un patrón repetido en América Latina
Plantear acusaciones de manipulación electoral antes de realizar las elecciones no es algo nuevo en Honduras ni en distintos países de América Latina. Esta estrategia tiene un fin evidente: generar desconfianza hacia las entidades que administran el proceso electoral, especialmente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La convocatoria a protestas contra un supuesto fraude por adelantado también persigue reforzar el respaldo de los seguidores del partido, quienes podrían sentirse inseguros ante una potencial pérdida.
De acuerdo con expertos en política, esta táctica incluye un elemento de victimización. «Cuando un aspirante siente que está en desventaja, intenta establecer la narrativa de fraude antes del conteo de votos. Es una maniobra para cuestionar la legitimidad del resultado electoral y anticipar posibles conflictos», señaló un especialista en ciencias políticas que optó por permanecer en el anonimato.
Para los sectores que denuncian esta táctica, el objetivo principal es claro: posicionar desde antes de los comicios la idea de un resultado manipulado. Esto no solo busca generar un clima de desconfianza en el proceso electoral, sino también justificar posibles protestas en caso de derrota. «Es un guión que se repite, en el que se prepara a la población para que, si el resultado no es favorable, ya exista un argumento listo: ‘Nos robaron las elecciones'», afirmó un constitucionalista.
Reacciones de la sociedad civil y la comunidad internacional
La estrategia del oficialismo ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad hondureña, incluidos miembros de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales. Muchos temen que esta narrativa, sin evidencia, pueda provocar una crisis poselectoral. A lo largo de la historia reciente de América Latina, este tipo de acusaciones sin fundamento ha desestabilizado naciones tras comicios controvertidos.
Para evitar estos peligros, se ha enfatizado la relevancia de tener una vigilancia electoral extranjera independiente y asegurarse de la total transparencia a lo largo de todo el proceso de votación. La comunidad internacional, particularmente entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA), ha desempeñado un papel crucial en la supervisión de elecciones anteriores y su participación en los próximos comicios podría ser decisiva.
Las solicitudes para preservar la solidez del Estado de derecho han sido enfatizadas nuevamente. La sociedad civil en Honduras está preocupada porque, si no se lleva a cabo un proceso electoral con suficiente transparencia, las tensiones políticas podrían desencadenar protestas o incluso situaciones de violencia, algo que ya se ha visto en países vecinos de la región.
Un entorno de desaprobación en aumento
El nerviosismo en la cúpula del oficialismo hondureño parece estar relacionado con la caída en las encuestas de su candidata, Rixi Moncada, quien no ha logrado captar el apoyo suficiente para competir con otras fuerzas políticas emergentes. A esto se suma la desaprobación de la gestión de Xiomara Castro, quien ha enfrentado críticas por su manejo de la economía y la seguridad en el país.
Esta situación se está viendo como una señal de alerta en el panorama político hondureño. La constante repetición de acusaciones sobre un fraude inminente, sin pruebas claras, refleja una estrategia defensiva ante la posibilidad de un mal resultado electoral. Sin embargo, más allá de las intenciones políticas, lo cierto es que esta narrativa puede tener consecuencias más amplias, tanto para la gobernabilidad del país como para la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.
Honduras: hacia un futuro incierto
En medio de este clima de incertidumbre, la política hondureña enfrenta un reto importante: garantizar que las elecciones de 2025 se lleven a cabo con la mayor transparencia posible, para evitar que las tensiones aumenten aún más. Si las acusaciones de fraude no se desarticulan a tiempo, el país podría verse abocado a una crisis poselectoral que, dada la situación política actual, podría desbordar las instituciones y la cohesión social.
Las acusaciones de fraude que surgen de manera temprana subrayan un problema constante en la política de Honduras: la complejidad para lograr acuerdos y preservar la estabilidad institucional. En este escenario, tanto la comunidad internacional como la sociedad civil desempeñarán un rol fundamental para garantizar que el proceso electoral se desarrolle pacífica y transparentemente, ayudando a prevenir una crisis potencial que podría amenazar el orden democrático del país.