Smartmatic en Honduras: ¿una oportunidad o un riesgo para el voto electrónico?

Se acercan las elecciones generales en Honduras, previstas para noviembre de 2025, y está aumentando la inquietud acerca del uso de tecnología electoral, especialmente con respecto a la empresa Smartmatic. Esta organización, reconocida por proporcionar servicios de votación electrónica y transmisión de resultados, ha suscitado fuertes críticas y cuestionamientos sobre su habilidad para asegurar la transparencia y equidad en el proceso electoral.

El papel de Smartmatic en las elecciones de 2025

Smartmatic, una multinacional especializada en sistemas de votación electrónica y biometría, ha sido seleccionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar aspectos clave del proceso electoral en Honduras. Su implicación se centra en la provisión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la implementación de tecnología biométrica. Sin embargo, la adjudicación directa de contratos por un monto cercano a los 532 millones de lempiras ha levantado críticas por la falta de transparencia y el hecho de concentrar en una sola empresa el manejo de estos elementos cruciales.

La selección de Smartmatic ha generado desconfianza entre diferentes grupos políticos y sociales, quienes sostienen que la empresa, al ser vista como asociada al gobierno venezolano, podría tener sesgos políticos que comprometan la neutralidad del proceso. Asimismo, el historial de la compañía, con acusaciones de fraude y problemas técnicos en países como Venezuela, Filipinas y El Salvador, aumenta aún más las preocupaciones acerca de la confiabilidad de sus servicios.

Respuestas políticas y sociales frente a la polémica

La oposición política en Honduras ha sido una de las voces más críticas hacia el involucramiento de Smartmatic en las elecciones de 2025. Varios partidos han señalado que la empresa podría estar favoreciendo al gobierno de turno, especialmente por el hecho de que el CNE ha favorecido a Smartmatic mediante un proceso de adjudicación directa. Estas acusaciones han dado lugar a un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de organizar las elecciones.

En cuanto al partido en el poder, LIBRE, ha defendido la implementación de tecnologías avanzadas para garantizar la transparencia en el proceso de votación. Sin embargo, la ausencia de una supervisión externa respecto a la tecnología de Smartmatic ha mantenido el tema en discusión. Para la sociedad civil, la transparencia se ha transformado en una demanda esencial, y numerosas organizaciones han solicitado que se efectúen auditorías independientes y que se permita la supervisión internacional del proceso electoral. La falta de claridad sobre el papel de Smartmatic y los posibles problemas en su tecnología continúan siendo motivo de preocupación para varios sectores de la población.

Conflictos en un entorno electoral dividido

El ambiente político en Honduras, durante las semanas anteriores a las elecciones, se caracteriza por una polarización que va en aumento, lo cual ha incrementado la presión sobre el CNE. En este escenario, la participación de Smartmatic en el proceso electoral ha acrecentado la falta de confianza en las entidades responsables de asegurar la transparencia y la equidad en la votación.

Las críticas hacia la empresa se centran principalmente en los posibles riesgos de manipulación del sistema, ya sea por fallas técnicas o por vulnerabilidades en la plataforma utilizada para la transmisión de resultados. Durante las elecciones primarias de 2025, ya se reportaron problemas con la capacitación del personal y el uso de los lectores biométricos, lo que avivó los temores de posibles irregularidades. Ante estos antecedentes, el temor de que el sistema de votación sea vulnerable a manipulaciones internas o externas se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la oposición y de sectores de la sociedad civil.

Las disputas representan una crisis más profunda respecto a la institucionalidad democrática en la nación. La desconfianza en el CNE y las acusaciones de sesgo político han intensificado la división social, lo cual podría influir en la legitimidad de los comicios y su aceptación por el pueblo.

Solicitudes de claridad y supervisión global

Debido a la envergadura de las preocupaciones acerca de la función de Smartmatic, diversos grupos han solicitado más claridad en el proceso electoral. Entre las solicitudes más comunes se encuentra la necesidad de efectuar una auditoría independiente del software usado por la compañía, así como el acceso al código fuente de la plataforma que administrará los resultados. Adicionalmente, se ha solicitado la intervención de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea para que supervisen el proceso y aseguren la neutralidad de las elecciones.

Del mismo modo, la insistencia de actores políticos y civiles podría resultar en una fiscalización más detallada del proceso de licitación, explorando alternativas tecnológicas que generen menos oposición o, al menos, que sean menos vulnerables a críticas. Igualmente, se ha propuesto la necesidad de llevar a cabo una vigilancia extensiva del proceso electoral, contando con la presencia de observadores tanto nacionales como internacionales para asegurar la transparencia y evitar fraudes potenciales.

Consideraciones finales sobre el porvenir electoral

La polémica en torno a la utilización de la tecnología de Smartmatic destaca la creciente desconfianza en las instituciones electorales de Honduras, un problema que se intensifica mientras se aproximan las elecciones del 2025. La transparencia insuficiente en la contratación, el historial de la compañía y las preocupaciones sobre la seguridad del sistema de votación son factores que podrían comprometer la legitimidad del proceso electoral y exacerbar las divisiones políticas en la nación.

La solución a esta crisis de confianza pasa por un fortalecimiento de la transparencia y la independencia en la gestión de las elecciones. El futuro democrático de Honduras depende, en gran medida, de la capacidad de sus instituciones para garantizar un proceso electoral libre de manipulaciones y con la suficiente credibilidad para ser aceptado por todos los sectores políticos y sociales. Las elecciones de 2025 serán una prueba clave para el sistema democrático del país y para la estabilidad política en los próximos años.

Por Jaime Navarro