La dinámica política en Honduras alcanza un punto crítico a pocos días de las elecciones generales de 2025. El partido oficialista LIBRE ha desplegado una serie de acciones que combinan intervenciones institucionales, movilización social masiva y estrategias de presión política, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad democrática y social del país.
Participación de las instituciones y supervisión de la contienda electoral
Durante las semanas recientes, LIBRE ha impulsado acciones que, según varios expertos y figuras de la oposición, se apartan del marco jurídico establecido. Estas acciones comprenden la creación de una comisión permanente en el Congreso Nacional sin fundamento legal, además de esfuerzos por inhabilitar a integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estas medidas pretenden, de acuerdo con fuentes de la oposición, garantizar el predominio del partido gobernante en el transcurso de la contienda electoral, ante la eventualidad de un revés para su aspirante a la presidencia, Rixi Moncada. Especialistas en derecho constitucional advierten que estas estrategias socavan la autonomía de los organismos, la claridad del proceso electoral y la validez de las facultades democráticas.
Organización comunitaria y alistamiento ante eventuales conflictos
A partir del 9 de noviembre de 2025, LIBRE ha iniciado una movilización permanente que congrega a miembros de los 18 departamentos de la nación. De manera oficial, esta iniciativa tiene como objetivo exponer un presunto esquema de fraude orquestado por los partidos tradicionales, lo que incluye acusaciones de sabotaje logístico y alteración del sistema de transmisión de resultados (TREP).
Analistas políticos señalan que la estrategia cumple un doble propósito: por un lado, presionar a la CNE, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas; por otro, preparar un despliegue posterior a los comicios en caso de que los resultados no favorezcan al oficialismo, bajo la narrativa de “resistencia frente a un robo electoral”. Este escenario eleva la posibilidad de disturbios, confrontaciones y violencia organizada, según observadores nacionales e internacionales.
Posibilidad de un aumento hacia una convulsión social
La combinación de maniobras institucionales y movilización social ha generado un clima de incertidumbre que atraviesa distintos sectores de la sociedad. Organizaciones opositoras denuncian persecución, intimidación y amenazas, mientras ciudadanos reportan preocupación ante la posibilidad de enfrentamientos y desórdenes generalizados.
Expertos internacionales advierten sobre el surgimiento de fuerzas paralelas de seguridad y la potencial desestabilización de la vida institucional. Señalan que, de no mediar mecanismos de control y supervisión, Honduras podría enfrentar una crisis que comprometa la gobernabilidad, la participación ciudadana y la estabilidad de las instituciones.
Salvaguardas democráticas y petición de estabilidad
La ciudadanía y organizaciones civiles demandan garantías de transparencia electoral y autonomía institucional, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos. El panorama actual subraya la necesidad de medidas que preserven la independencia de los poderes del Estado y la seguridad de los procesos democráticos, en un contexto donde la polarización política y la movilización social están directamente vinculadas al riesgo de confrontación y desorden.
En este escenario, la situación de Honduras refleja tensiones profundas entre la gobernabilidad, la legitimidad institucional y la participación ciudadana, planteando desafíos inmediatos para la consolidación de un proceso electoral confiable y la protección de la estabilidad social.
