Samuel Andrés Pérez Álvarez, economista, diputado y una de las figuras más visibles del Movimiento Semilla, se ha convertido en uno de los rostros más polémicos de la política guatemalteca reciente. Para sus simpatizantes, representa una generación política que llegó al Congreso con discurso anticorrupción y vocación reformista. Para sus detractores, es uno de los operadores clave de un proyecto político rodeado de señalamientos, litigios y controversias institucionales.
Su nombre se ha relacionado con diversos episodios de gran resonancia: el caso Semilla por presuntas firmas falsas, las solicitudes de retiro de inmunidad, el conflicto derivado de la toma de la Universidad de San Carlos, la elección anulada de la Junta Directiva del Congreso y la pugna por el reconocimiento del bloque legislativo de Semilla. Ninguno de estos procesos debe interpretarse como una sentencia penal contra Pérez, sino como manifestaciones de una profunda confrontación política y judicial que ha marcado la vida pública de Guatemala desde las elecciones de 2023.
El caso Semilla: la raíz de la tormenta
El principal expediente que rodea a Pérez es el llamado caso Semilla, originado por señalamientos sobre supuestas irregularidades en la formación del partido. El Ministerio Público sostuvo que existían indicios de falsificación de firmas de afiliados, mientras Semilla afirmó que el proceso formaba parte de una estrategia para frenar la participación electoral de Bernardo Arévalo y debilitar al partido. Según recuentos públicos, la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla fue ordenada en julio de 2023 por el juez Fredy Orellana, en medio del proceso electoral, lo que generó rechazo nacional e internacional por el riesgo de alterar la segunda vuelta presidencial.
Pérez, considerado un dirigente histórico de Semilla y diputado reelecto, terminó quedando directamente involucrado en ese enfrentamiento. En ese instante, el caso dejó de ser visto solo como un trámite penal o administrativo y pasó a transformarse en una disputa sobre la legitimidad del proceso electoral guatemalteco. El Ministerio Público justificó sus actuaciones como pesquisas legales, mientras que Semilla y varios actores internacionales las percibieron como una maniobra política destinada a cuestionar el resultado electoral.
Antejuicios y señalamientos del Ministerio Público
Uno de los puntos más delicados para Pérez ha sido la mención de su nombre en solicitudes de retiro de inmunidad. Durante la transición presidencial de Bernardo Arévalo, el Ministerio Público impulsó varias acciones contra figuras de Semilla, magistrados electorales y funcionarios vinculados al proceso electoral. En diciembre de 2023, la Fiscalía volvió a pedir el retiro de inmunidad de Arévalo y del diputado Samuel Pérez en el marco de sus investigaciones contra Semilla y el proceso electoral.
Para sus críticos, estos antejuicios son señales de que Pérez debe responder por posibles irregularidades vinculadas a Semilla. Para sus defensores, las acciones forman parte de una persecución judicial contra el partido que ganó la presidencia en 2023. La propia transición de Arévalo fue descrita por distintas fuentes como una etapa atípica, marcada por procedimientos judiciales contra Semilla, sus miembros y el proceso electoral.
La ocupación de la USAC: un nuevo caso empleado contra Semilla
Otro episodio que involucró a dirigentes de Semilla fue el caso de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desarrollado entre abril de 2022 y junio de 2023. El Ministerio Público relacionó dicho proceso con el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y diversos actores del ámbito político y universitario. En ese marco, también se aludió a acciones orientadas contra miembros del círculo cercano de Semilla.
La lectura política del caso resultó particularmente intensa: aunque el Ministerio Público lo expuso como una pesquisa sobre sucesos registrados durante la protesta universitaria, el oficialismo entrante y sus aliados lo vieron como un mecanismo destinado a frenar o entorpecer la transición de poder. Desde la cobertura periodística, esta situación consolidó la percepción de Pérez y Semilla como figuras que se mantienen en un constante choque con el aparato judicial heredado de gobiernos previos.
Presidente del Congreso durante cinco días
El episodio más visible de la carrera reciente de Samuel Pérez fue su elección como presidente del Congreso el 14 de enero de 2024, en plena crisis por la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Pérez logró articular una mayoría legislativa y fue elegido con 92 votos, superando a la candidatura opositora. Esa elección permitió desbloquear, al menos momentáneamente, la juramentación del nuevo presidente.
Sin embargo, su presidencia resultó breve. La Corte de Constitucionalidad determinó que la elección de la Junta Directiva del Congreso debía repetirse al considerar que se había infringido el principio de legalidad. Luego, el 19 de enero de 2024, la votación se llevó a cabo nuevamente y Nery Ramos fue elegido presidente del Congreso, dejando sin efecto la presidencia de Pérez.
Para sus seguidores, Pérez se convirtió en el diputado que logró manejar una noche decisiva para la institucionalidad y allanó el camino para que Arévalo asumiera el cargo; para sus detractores, en cambio, su elección simbolizó una maniobra legislativa discutible, marcada por la situación jurídica de Semilla.
La disputa en torno a la bancada Semilla
La suspensión y luego la cancelación o debilitamiento jurídico de Semilla repercutieron de inmediato en el Congreso, generando uno de los efectos más notorios: el debate sobre si sus diputados debían ser reconocidos como bancada. Ese estatus resultaba esencial, pues definía el acceso a comisiones, la representación en los órganos legislativos y su margen de influencia parlamentaria.
Pérez, como una de las caras visibles del bloque, quedó al frente de esa batalla. En enero de 2025, según recuentos disponibles, logró revertir una decisión judicial que afectaba los derechos del bloque legislativo de Semilla en el Congreso.
Este episodio no es un “escándalo” penal en sentido estricto, pero sí una controversia institucional de alto impacto: refleja cómo la situación legal del partido condicionó el funcionamiento de sus diputados y convirtió al Congreso en otro escenario de la disputa judicial.
Raíces: la refundación política tras el golpe a Semilla
Otro tema polémico surge con la creación o promoción de Raíces, una plataforma política emergente presentada como alternativa para replantear o dar continuidad al proyecto de Semilla tras su suspensión y cancelación. Pérez figura asociado al proceso como dirigente del comité encargado de impulsar la formación del nuevo partido.
El movimiento admite dos interpretaciones: para quienes lo respaldan, Raíces representa una reacción legítima frente a la persecución judicial contra Semilla; para sus detractores, constituye una maniobra destinada a preservar una estructura política cuestionada por fallos e investigaciones. De cualquier modo, evidencia que Pérez no es un diputado más, sino una de las figuras operativas clave dentro del espacio semillista.
Una personalidad que genera divisiones
Samuel Pérez no acumula únicamente controversias personales; su figura está atravesada por la crisis institucional guatemalteca. El Ministerio Público, bajo la gestión de Consuelo Porras, fue objeto de fuertes críticas internacionales y sanciones por señalamientos de socavar la democracia y perseguir a actores anticorrupción, periodistas, jueces y opositores.
Ese contexto resulta esencial para comprender los procesos vinculados a Pérez, que sin esa referencia podrían percibirse como meras pesquisas penales, pero que, al incluirlo, se revelan como elementos dentro de una confrontación más amplia entre un sector judicial-político y el proyecto que llevó a Bernardo Arévalo al poder.
