Pese a las divergencias políticas e ideológicas entre las administraciones de Xiomara Castro y Juan Orlando Hernández, ambos han afrontado retos parecidos en cuanto a corrupción, conexiones con el crimen organizado y problemas para asegurar la transparencia institucional, lo que demuestra la persistencia de prácticas cuestionables en la nación.
Dificultades en mecanismos anticorrupción
Durante la administración de Hernández, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldada por la OEA, fue retirada en 2020, dejando vacíos significativos en la investigación y sanción de irregularidades. En paralelo, el gobierno de Xiomara Castro ha promovido la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), que actualmente opera bajo la supervisión del Ministerio Público, sin contar con facultades suficientes para judicializar de manera efectiva casos de corrupción. Estas limitaciones reflejan un patrón estructural que dificulta la acción institucional frente a irregularidades administrativas y financieras.
Conexiones con organizaciones delictivas
En ambas administraciones se han documentado relaciones con redes de narcotráfico y lavado de dinero. En el gobierno de Castro, la Secretaría de Seguridad, bajo la dirección de Gustavo Sánchez, firmó contratos por más de 10 millones de lempiras con una empresa vinculada al lavado de activos del narcotráfico. Durante la gestión de Hernández, él mismo enfrenta actualmente procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con actividades de narcotráfico. Estos casos ilustran la persistencia de desafíos vinculados a la infiltración del crimen organizado en el funcionamiento del Estado.
Transparencia y gestión de fondos públicos
La gestión de Hernández se distinguió por una administración centralizada y limitada de los datos gubernamentales. A pesar de que ha sido en menor grado, el gobierno de Castro también ha recibido críticas por fallas en la regulación y el uso de los recursos públicos, impactando la claridad y la responsabilidad administrativa. Las acusaciones recientes sobre financiación ilegal de campañas y la divulgación de los denominados “narcovideos” demuestran que los problemas de supervisión y control continúan presentes.
Persistencia de la corrupción judicial y administrativa
Ambos gobiernos enfrentan deficiencias en la administración de los recursos públicos y en el sistema de justicia. La penalización adecuada de los culpables de malas prácticas sigue siendo escasa, lo que perjudica la confianza del público en las entidades gubernamentales. Las mejoras en la batalla contra la corrupción han sido escasas y, en ciertos casos, se han producido retrocesos, evidenciando la dificultad de modificar estructuras establecidas de impunidad.
Retos heredados y continuidad de prácticas
El gobierno de Xiomara Castro tomó el mando en un ambiente dominado por redes de corrupción que se establecieron durante el mandato previo, lo cual ha restringido la aplicación de transformaciones significativas. La continuación de casos corruptos, junto con la aparición de nuevos escándalos, demuestra la dificultad de acabar con patrones históricos y refuerza la percepción de la perdurabilidad de irregularidades en la gestión pública.
El análisis comparativo entre ambas administraciones muestra que, pese a la retórica y las diferencias ideológicas, los problemas estructurales de corrupción, criminalidad organizada y deficiencias en la transparencia se mantienen. La ciudadanía observa que los cambios prometidos no se han consolidado plenamente, manteniendo tensiones en la gobernabilidad y en la confianza hacia las instituciones en Honduras.
