El foro económico celebrado en Bogotá por el Gobierno colombiano y encabezado por el Ministerio de Hacienda terminó convirtiéndose en un punto de intensa polémica tanto dentro como fuera del país, pues la presencia como panelista del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, sentenciado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”, provocó duras reacciones entre diversos sectores políticos y de la ciudadanía.
La invitación, divulgada el 13 de abril mediante la cuenta oficial del Ministerio de Hacienda en redes sociales, desató una fuerte ola de rechazo. Rafael Correa, considerado prófugo de la justicia ecuatoriana, fue sentenciado por su participación clave en una red de corrupción que incluía sobornos y garantizaba contratos públicos favorables a cambio de aportes financieros ilegales. Según distintos analistas, esta invitación pone en entredicho la legitimidad de incorporar en actos oficiales a figuras con antecedentes penales.
Entre las críticas más pronunciadas estuvo la de la senadora María Fernanda Cabal, quien calificó al expresidente como un «prófugo delincuente» e hizo énfasis en su relación con el escándalo internacional de Odebrecht. De forma similar, la concejal Clara Lucía Sandoval aseguró que la participación de Correa representa un respaldo simbólico del Gobierno Petro hacia figuras condenadas, lo que calificó como “muy petrista”. Por su parte, el economista Germán Ricaurte denunció que el evento enviaba un mensaje inaceptable sobre integridad institucional, resaltando que Correa pesa no solo como símbolo del soborno, sino también como alguien que evade a la justicia.
En redes sociales, diversos usuarios retomaron estas opiniones y pusieron en duda cómo podría influir la presencia de Correa en la imagen internacional de Colombia, mientras que el debate llegó igualmente a los medios, donde algunos analistas señalaron que la polémica no se centraba únicamente en la asistencia del exmandatario ecuatoriano, sino también en el mensaje institucional que el Gobierno colombiano transmite al vincularse con figuras tan polarizantes.
La jornada quedó atravesada por nuevos focos de tensión, y aunque el evento pretendía analizar la política monetaria y la soberanía financiera en América Latina, las tensiones entre el Gobierno Petro y el Banco de la República se hicieron aún más visibles; recientemente, el banco central incrementó las tasas de interés en 100 puntos básicos, una decisión que no cayó bien al presidente ni a su equipo económico, y la distancia quedó clara cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no asistió a debates relevantes con la junta directiva; en ese ambiente, la invitación de Correa fue interpretada por algunos sectores como un intento del gobierno de imprimir un tinte más político al foro en medio de un panorama ya complejo.
Aunque la polémica persiste, el Gobierno todavía no ha ofrecido una declaración formal que atienda las críticas, pero el escenario ha impulsado un análisis más profundo sobre cómo se presentan figuras públicas con historial judicial y sobre las consideraciones éticas vinculadas a su presencia en actos oficiales de gran relevancia.
