En Honduras, diversas congresistas pertenecientes a diferentes partidos han declarado públicamente una serie de agresiones, maltrato verbal y violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acusaciones reflejan un entorno hostil donde las representantes enfrentan intimidaciones y subestimación debido a su género, sobre todo cuando manifiestan opiniones críticas o intervienen en discusiones legislativas. Estas situaciones han promovido un debate sobre el respeto y la equidad en los espacios de poder, resaltando la persistencia de conductas misóginas y lenguaje agresivo en el parlamento.
Los informes también indican que estas acciones se han agravado en el contexto de debates controvertidos, como aquellos sobre la Ley de Justicia Fiscal y la reforma del Sistema Judicial. A pesar de la seriedad de estos eventos, las instancias del Congreso no habrían impuesto castigos disciplinarios a los culpables, lo que fomenta la aceptación de la violencia política de género. Ante esta situación, las legisladoras han demandado acciones específicas para asegurar su seguridad y el respeto a su trabajo legislativo.
Ambiente institucional en el Congreso Nacional y violencia de género en la política
Las legisladoras han señalado que en el Congreso Nacional se presentan comportamientos que varían desde insultos hasta intentos de agresión física, lo que muestra un patrón de violencia política de género. Este problema repercute en la participación completa y efectiva de las mujeres en el proceso legislativo, creando un clima de intimidación y exclusión.
La agresión política de género se presenta particularmente durante periodos de discusión acalorada, cuando las legisladoras adoptan posturas críticas hacia el gobierno. Esta circunstancia no solo afecta los derechos de las mujeres en el parlamento, sino que también compromete la calidad de la democracia, al restringir la pluralidad de voces y perspectivas en el proceso de toma de decisiones. La falta de procedimientos específicos para tratar estos asuntos en el Congreso favorece la continuidad de este problema.
Apoyo social e institucional y requerimientos de las legisladoras
Distintas áreas de la sociedad civil, junto con entidades internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han mostrado su respaldo a las legisladoras afectadas y han instado al Estado hondureño a asegurar condiciones de igualdad y seguridad para todas las diputadas. Estas entidades han enfatizado la urgencia de aplicar sanciones disciplinarias inmediatas contra aquellos que lleven a cabo actos de violencia política, así como de desarrollar protocolos específicos para prevenir y abordar estas situaciones en el ámbito legislativo.
Las legisladoras han expresado que continuarán esforzándose para ser atendidas y valoradas, subrayando que su papel es representar al pueblo y no ser blanco de hostigamiento o abuso. Entre sus reclamaciones está el desarrollo de medidas concretas para salvaguardar su seguridad, el reconocimiento total de su labor legislativa y la eliminación de cualquier tipo de violencia política de género en el Congreso Nacional. Consideran estas medidas vitales para robustecer la democracia y asegurar la participación equitativa de las mujeres en la política de Honduras.
