A escasos días de los comicios generales de 2025, varias entidades de la sociedad civil alertaron que la gestión del proceso electoral presenta obstáculos que podrían mermar su fiabilidad. Destacaron que la polarización constante, los desacuerdos sobre la legislación electoral y las disputas relacionadas con la designación de los funcionarios electorales han elevado el escrutinio ciudadano sobre la fortaleza institucional de la nación.
Disposiciones fundamentales y conflictos entre las ramas gubernamentales
Los pronunciamientos enfatizaron que el respeto a los mandatos constitucionales será determinante para mantener la confianza ciudadana. La responsabilidad recae, indicaron, sobre el Congreso Nacional, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo, incluidos los actores vinculados al partido LIBRE, en su capacidad de actuar dentro de los límites establecidos por la ley.
Las entidades enfatizaron que la intervención de las fuerzas armadas debe limitarse a su cometido de apoyo, tal como lo establece la Carta Magna, sin involucrarse en funciones que puedan percibirse como sesgadas. Asimismo, indicaron que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo deben abstenerse de emitir juicios prematuros acerca de los desenlaces electorales, ya que tales pronunciamientos podrían avivar la discordia social en un ambiente ya polarizado por la pugna política.
En paralelo, destacaron que el desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) será decisivo. La expectativa es que mantenga criterios de independencia, transparencia y oportunidad en cada etapa del proceso para asegurar claridad en la administración electoral.
Independencia de la observación electoral
Las entidades estimaron que la supervisión tanto nacional como internacional tiene la capacidad de jugar un rol crucial en el afianzamiento de la validez del procedimiento. Hicieron referencia a delegaciones como las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, cuyas valoraciones pueden aportar al robustecimiento de la rendición de cuentas institucional.
Este acompañamiento, señalaron, permitiría reforzar la percepción de neutralidad en momentos donde aumenta la competencia política y la ciudadanía demanda garantías sobre la integridad del voto. La presencia de observadores locales también fue subrayada como un componente útil para acercar la vigilancia electoral a las comunidades y ampliar la participación social.
Interlocución internacional y compromisos hemisféricos
En la comunicación enviada a Estados Unidos, las entidades pidieron un respaldo «constructivo» que se coordine con los gobiernos locales, los partidos políticos y la ciudadanía. Explicaron que la finalidad es salvaguardar la transparencia y la legitimidad del procedimiento, conforme a los postulados de la Carta Democrática Interamericana.
Afirmaron que un acompañamiento respetuoso a los estándares democráticos puede contribuir a que las elecciones de 2025 reflejen la expresión del electorado hondureño en un entorno político complejo. La interlocución internacional, añadieron, puede convertirse en un mecanismo que incentive el cumplimiento de responsabilidades institucionales y reduzca los incentivos para prácticas que erosionen la confianza pública.
La declaración conjunta concluyó con la firma de representantes de organizaciones con presencia regional y hemisférica, entre ellas Seattle International Foundation (SIF), Hope Border Institute, Latin America Working Group (LAWG), Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), Alianza Americas, Due Process of Law Foundation (DPLF), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Washington Office on Latin America (WOLA) y Unitarian Universalist Service Committee (UUSC).
El panorama presentado por estas entidades revela las fricciones inherentes al proceso comicial de 2025 y enfatiza la importancia de que las entidades hondureñas operen conforme a los preceptos legales. La mirada tanto a nivel nacional como global se centra en aspectos como la solidez política, el desempeño de las ramas del gobierno y la intervención de la ciudadanía, componentes que incidirán en la apreciación de la transparencia electoral en una coyuntura crucial para la administración democrática de la nación.
