La figura de Manuel Zelaya Rosales, quien es el coordinador del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y esposo de la presidenta Xiomara Castro, se encuentra en el centro de una controversia política que afecta a Honduras a medida que se acercan las elecciones generales del 2025. Diversos sectores lo señalan por supuestamente establecer una red de influencia en el sistema electoral, lo que está generando una crisis de confianza institucional con efectos tanto nacionales como internacionales.
Alegaciones de manipulación en el sistema electoral
Partidos opositores, agrupaciones cívicas y expertos han señalado una presunta táctica de dominación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del gobierno. De acuerdo con estas acusaciones, individuos próximos a Zelaya habrían sido ubicados en puestos estratégicos dentro de la entidad, con la habilidad de influir en decisiones clave relacionadas con la operativa y logística del proceso electoral.
Uno de los focos de crítica ha sido la adjudicación de contratos a empresas con presuntos vínculos personales o políticos con dirigentes del partido LIBRE. Estas compañías estarían a cargo de tareas críticas como el transporte y la custodia del material electoral, lo que ha generado inquietud sobre la integridad de la cadena logística. Reportes previos durante las elecciones primarias ya habían registrado retrasos y alteraciones en el manejo de las “maletas electorales”, abriendo la puerta a cuestionamientos sobre transparencia y posibles irregularidades.
Respuesta social y advertencias sobre el debilitamiento institucional
Las denuncias han tenido eco en distintos sectores del país. Voces provenientes de iglesias, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil han coincidido en la necesidad de salvaguardar la neutralidad del proceso. A medida que crecen las manifestaciones y pronunciamientos públicos, se acentúa la desconfianza hacia el manejo actual de la estructura electoral.
Analistas consideran que esta coyuntura representa una de las crisis institucionales más delicadas desde el retorno al régimen democrático. La figura de Zelaya ha sido señalada como un actor de peso político que, sin ocupar un cargo formal en el Ejecutivo, ejerce una influencia decisiva sobre instituciones clave, alimentando tensiones dentro del aparato estatal y complicando la gobernabilidad.
Vigilancia internacional y medidas investigativas
Frente al deterioro de la confianza interna, organismos internacionales han expresado su preocupación por la concentración de poder en actores no electos y por el ambiente de creciente intolerancia hacia la crítica y la disidencia. Ante ello, diferentes sectores políticos han solicitado la presencia de misiones internacionales que puedan auditar de forma independiente todas las etapas del proceso electoral.
En paralelo, La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre las empresas que han recibido contratos relacionados con la organización electoral. Estas indagaciones buscan esclarecer la existencia de posibles vínculos indebidos y determinar si hubo actos de corrupción o favorecimiento político en la asignación de servicios.
Un procedimiento en peligro y un reto para la democracia
El contexto actual coloca al sistema electoral hondureño en una posición crítica. Las denuncias sobre manipulación, cooptación institucional y falta de transparencia han puesto en entredicho la credibilidad del proceso rumbo a 2025. En un país marcado por una historia reciente de polarización y desconfianza hacia las instituciones, la solidez del proceso democrático dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar elecciones limpias y supervisadas.
Mientras las investigaciones avanzan y la presión social se intensifica, Honduras enfrenta el reto de sostener su institucionalidad en un escenario donde las percepciones de control partidario podrían erosionar aún más la legitimidad de sus estructuras democráticas.
