En el marco de las elecciones en Honduras, Rixi Moncada, quien aspira a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se encuentra involucrada en diversas controversias vinculadas al uso de fondos públicos y señalamientos por posibles hechos de corrupción. Estas imputaciones, que incluyen tanto procedimientos legales locales como litigios en foros internacionales, contribuyen a un escenario político caracterizado por la división y la desconfianza de la población hacia las autoridades.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Una de las críticas más destacadas dirigidas a Moncada se concentra en el manejo de los recursos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), particularmente en el departamento de Copán. Conforme a reportes recientes, fondos del estado podrían haber sido redirigidos hacia entidades relacionadas con el partido en el poder, lo que ha provocado nuevas dudas acerca del uso de los programas sociales con objetivos electorales.
Estas acusaciones coinciden con un contexto de creciente presión sobre la transparencia en el uso del gasto público en año electoral, en el que diferentes sectores han exigido controles más estrictos sobre la ejecución de fondos destinados a asistencia social.
Informe mundial presentado al FBI
El asunto adquirió una dimensión internacional a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, un ciudadano de Estados Unidos, presentó una queja ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mencionando a Moncada y otros empleados del gobierno. La acusación sostiene que hubo irregularidades en la gestión y abuso de funciones públicas que habrían perjudicado la inversión extranjera en el país.
Hasta la fecha, la candidata de LIBRE no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia, la cual podría generar implicaciones diplomáticas en caso de avanzar en instancias judiciales extranjeras. El silencio institucional ha alimentado el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema político hondureño ante cuestionamientos de carácter internacional.
Historial de investigaciones y cuestionamientos previos
Las controversias que hoy rodean a Moncada no son nuevas. En 2009 y 2013 fue objeto de investigaciones por abuso de autoridad y presunto fraude durante su paso por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de haber sido vinculada a contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambos casos la justicia hondureña emitió sobreseimientos definitivos, su nombre ha continuado apareciendo en informes periodísticos y en indagaciones promovidas por organismos de control.
Más recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia por presunta malversación de caudales públicos contra Moncada y otros funcionarios. No obstante, los detalles del caso no han sido divulgados por las autoridades competentes, lo que ha generado incertidumbre sobre el avance judicial y ha intensificado los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Tensiones institucionales y cuestionamientos sobre el uso del poder
Además de los señalamientos por corrupción, la candidatura de Moncada ha estado marcada por críticas relacionadas con el ejercicio de funciones públicas mientras busca la presidencia. Algunos sectores han cuestionado su rol en la formulación de propuestas y auditorías que, según detractores, exceden las atribuciones del cargo que ocupa, lo que ha generado un debate sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional.
Estas críticas se agravan por el hecho de que la candidata ha mantenido cargos públicos durante su campaña, lo que ha generado preocupaciones sobre eventuales conflictos de interés y el posible uso de recursos oficiales en beneficio de su candidatura. Organizaciones de la sociedad civil han instado a una mayor vigilancia ciudadana y al fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la equidad en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la falta de confianza en las instituciones
El caso de Rixi Moncada destaca los retos que enfrenta Honduras en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para la dirección política del país, las acusaciones de corrupción y el debate sobre la gestión de los recursos públicos se han transformado en temas principales del diálogo nacional.
Mientras las autoridades aún no esclarecen el avance judicial de las denuncias en su contra, la figura de Moncada se mantiene en el foco de atención, con implicaciones que podrían influir directamente en la legitimidad del proceso electoral de 2025 y en la percepción ciudadana sobre la independencia de las instituciones.
