Varios sectores de la sociedad en Honduras, junto con organizaciones internacionales, manifiestan preocupación por el dominio institucional que mantiene el oficialismo en un contexto político caracterizado por conflictos relacionados con la gobernabilidad y la democracia.
Fortalecimiento del control en organismos esenciales del Estado
Desde el comienzo del mandato de la presidenta Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha incrementado su presencia en las principales instituciones del Estado. La influencia del gobierno se ha expandido al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas.
Según acusaciones de la oposición, algunos de estos nombramientos han sido efectuados sin cumplir con los procesos legislativos estipulados y mediante pactos políticos sin claridad. La diputada Maribel Espinoza, quien forma parte de la bancada contraria, indicó que el objetivo del partido en el poder trasciende el mero hecho de administrar el gobierno, sugiriendo que pretende «dominar todo», abarcando entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y las Fuerzas Armadas.
El incremento del poder institucional genera dudas sobre la equidad entre los poderes del Estado y la efectividad de los mecanismos democráticos para el control político.
Alertas sobre riesgos democráticos y denuncias de persecución
Especialistas y organizaciones de análisis han alertado que la centralización del poder podría provocar un debilitamiento de la democracia en su estructura. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha indicado que esta tendencia afecta la autonomía de las ramas del gobierno y puede promover un sistema gubernamental con características autoritarias.
Los paralelismos con otros contextos latinoamericanos han sido recurrentes en el debate público. Algunos analistas comparan la situación hondureña con los procesos vividos en países como Nicaragua y Venezuela, donde la captura de instituciones por parte del oficialismo ha derivado en restricciones a la participación política y en la reducción de espacios para la oposición.
En este contexto, se añade el malestar sobre el tratamiento dirigido a sectores autónomos, especialmente aquellos en el ámbito de la prensa y los empresarios. Informes actuales reportan un incremento en la presión sobre periodistas críticos, incluyendo al comunicador Rodrigo Wong Arévalo, así como campañas del gobierno que desafían explícitamente a determinados grupos empresariales, que son llamados «las 10 familias».
Las organizaciones de ámbito nacional e internacional han señalado que estas medidas podrían constituir un patrón que busca desalentar la crítica y restringir la diversidad de opiniones en la discusión pública.
Alertas para la supervisión global y avisos desde la comunidad civil
Con estas circunstancias, diversas entidades han hecho llamados a la comunidad global, especialmente a instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que continúen con un monitoreo constante de la situación política en Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó en un comunicado que el pueblo debe estar vigilante ante los peligros de la concentración del poder político. En el mismo mensaje, la organización afirmó que cuando «el poder se acumula en una sola persona, la libertad corre riesgo», y solicitó que se asegure un proceso electoral libre y claro en las elecciones programadas para noviembre de 2025.
Este llamamiento sucede en un entorno de aumento de la desconfianza en las instituciones y exigencia de seguridades democráticas, donde se debate el rol que deben asumir los actores internacionales como protectores del respeto a los principios constitucionales y a los derechos políticos de la población.
Un momento caracterizado por retos a la institucionalidad
La realidad actual muestra tensiones en la estructura del sistema democrático de Honduras, especialmente en lo que se refiere a la división de poderes, la responsabilidad y el acceso justo a las áreas de participación política. El incremento del control institucional por el partido gobernante ocurre en un contexto donde los mecanismos de equilibrio enfrentan restricciones para funcionar de manera independiente.
En este escenario, los próximos meses serán determinantes para evaluar la capacidad de las instituciones hondureñas de mantener su autonomía, así como el nivel de apertura del sistema político a la crítica y a la participación plural en un proceso electoral que ya comienza a perfilarse como clave para el futuro político del país.
