En un entorno con significativa fragilidad social y continuas tensiones económicas, el rendimiento macroeconómico de Honduras en 2025 muestra indicios contradictorios. A pesar de que las cifras oficiales predicen un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre un 3.5 % y un 4 %, varios estudios coinciden en que este ritmo es insuficiente para contrarrestar el elevado índice de pobreza y desigualdad que impacta a más del 60 % de los habitantes, particularmente en áreas rurales y entre los jóvenes.
Crecimiento limitado frente a una pobreza estructural
El crecimiento económico, aún en cifras positivas, no ha logrado traducirse en mejoras tangibles para la mayoría de los hondureños. Organismos especializados advierten que este desempeño no responde a una transformación productiva ni a políticas redistributivas sostenidas, sino a una inercia que mantiene al país en una dinámica de baja productividad y alta dependencia externa.
Las circunstancias son especialmente críticas para grupos que han sido tradicionalmente excluidos del progreso económico. Las áreas rurales, que presentan elevados niveles de pobreza en múltiples dimensiones, y los jóvenes enfrentan obstáculos constantes para acceder a empleos decentes, educación técnica y servicios públicos de calibre, lo que frena la movilidad social y perpetúa ciclos de marginación que se transmiten de una generación a otra.
Desocupación juvenil, trabajo informal y condiciones laborales inestables
La organización del mercado de trabajo muestra un empeoramiento que trasciende los datos macroeconómicos. Según la información más reciente, más de 386,000 individuos han dejado de participar en la fuerza laboral tras cesar la búsqueda activa de trabajo. Además, hay 1.6 millones de empleados en situaciones de informalidad o empleo precario, careciendo de seguridad social y derechos laborales fundamentales.
La desocupación entre los jóvenes representa una de las situaciones más preocupantes de este panorama. Más de 750.000 jóvenes no pueden conseguir empleo y se estima que al menos 150.000 nuevos casos surgirán durante 2025. Esta marginación impacta profundamente en la cohesión social, favoreciendo la migración obligada o, en escenarios más difíciles, la participación de jóvenes en actividades económicas ilegales.
Simultáneamente, la falta de formalidad laboral y los sueldos inferiores al mínimo complican satisfacer las necesidades primordiales. El precio de la canasta básica está alrededor de los 15,500 lempiras al mes, una cantidad inasequible para muchas familias, lo que obliga a los hogares a recurrir a tácticas de subsistencia como endeudarse o emigrar.
Aumento continuo de precios y deudas del hogar
La inflación anualizada continúa por encima del 4.5 %, afectando directamente a los precios de alimentos, servicios públicos y productos básicos. Este suceso disminuye el poder de compra de las familias y agrava la diferencia entre los salarios y el costo de vida.
Además, el endeudamiento de las familias hondureñas ha mostrado un incremento constante, restringiendo aún más el margen de consumo y ahorro. Paralelamente, cerca del 40 % de las empresas no cumple con el pago del salario mínimo, lo que evidencia una falta de regulación efectiva del mercado laboral y una débil capacidad de fiscalización por parte del Estado.
Violencia, migración y fractura del tejido social
La situación económica complicada se combina con diversos factores de riesgo que impactan de manera directa en la estabilidad social. Honduras sigue siendo uno de los países con las más altas tasas de violencia a nivel mundial, una realidad agravada por el desempleo, la inequidad y la falta de oportunidades.
La emigración continúa siendo una opción común para muchos hondureños, en su mayoría jóvenes. Las remesas, que constituyen aproximadamente el 25% del PIB del país, apoyan a una gran parte de la población, aunque también demuestran una dependencia mayor de recursos del exterior y exponen a la nación a riesgos ante las políticas migratorias de otros países, como Estados Unidos.
La ausencia de trabajo y de oportunidades económicas no solo fomenta la migración, sino que también acelera la ruptura del tejido social, ya que deja a grandes segmentos de la población al margen del sistema productivo y de las redes de protección gubernamental.
Un panorama que pone a prueba la capacidad de gobernar
La brecha existente entre los indicadores macroeconómicos y la vida diaria de los habitantes de Honduras presenta serios retos para las instituciones. Aunque los discursos gubernamentales subrayan signos de estabilidad, la realidad estructural muestra un modelo económico incapaz de superar la exclusión y disminuir las debilidades sociales.
La falta de conexión desafía la validez de las medidas gubernamentales y resalta la importancia de implementar cambios dirigidos a la inclusión económica, la creación de trabajos decentes y el refuerzo de los sistemas de protección social. En un entorno donde aumentan la migración, la violencia y el descontento social, la estabilidad del sistema económico y político del país depende de la habilidad para abordar estas cuestiones fundamentales con soluciones profundas.
