A medida que se aproximan las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta denuncias de parte de la oposición acerca de la posible organización de un fraude electoral para conservar el poder. Los grupos opositores, tales como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, han manifestado su inquietud respecto a la transparencia del proceso electoral.
Los dirigentes de estos entornos destacan un aumento en el descontento popular hacia LIBRE, el deterioro de su reputación y la impopularidad de su aspirante, Rixi Moncada. Asimismo, han reportado tácticas que indican un posible fraude, como el dominio parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la manipulación de votos en las primarias de marzo, la filtración controlada de las Fuerzas Armadas y las presiones a la prensa crítica. También se señala el empleo de extensas campañas de propaganda gubernamental y el uso de subsidios y fondos públicos para atraer votantes en áreas desfavorecidas.
Alegaciones de engaño y preocupaciones de los opositores
Las acusaciones del bando opositor abarcan imputaciones de alteración de los resultados de las elecciones, judicialización o amenazas hacia candidatos rivales y jueces del CNE, presencia militar en el desarrollo del proceso electoral y limitaciones a la libertad de prensa junto con una considerable censura digital antes del día de las elecciones. Igualmente, existe preocupación por la posible declaración anticipada de un estado de excepción frente a potenciales manifestaciones ciudadanas, así como la posibilidad de que el gobierno busque anular los resultados electorales, eliminar mesas de votación clave o detener el proceso electoral alegando razones de orden público o seguridad nacional.
Demandas de garantías y observación Internacional
Frente a esta situación, los partidos opositores han demandado la intervención temprana y proactiva de observadores de la OEA, la UE y otras entidades multilaterales, una revisión externa del sistema de cómputo electoral, así como compromisos públicos del CNE para asegurar la transparencia, igualdad de condiciones y responsabilidad. Asimismo, han instado a la ciudadanía a movilizarse de manera pacífica para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde la base.
La acusación de un eventual engaño ha incrementado la tensión política y amenaza la estabilidad democrática de la nación. Los ciudadanos miran con recelo un proceso donde el órgano electoral se ve como sesgado, y donde el gobierno parece más interesado en mantener su control que en respetar la decisión del pueblo. Hay inquietud de que Honduras pueda enfrentar una crisis después de las elecciones, lo que podría impactar la gobernabilidad, la economía y la armonía social.
