La implementación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), que es uno de los compromisos destacados de la presidenta Xiomara Castro durante su campaña, se ha pospuesto otra vez debido a la reciente renovación, por quinta ocasión, del memorando de entendimiento con Naciones Unidas. El comunicado, efectuado esta semana, coincide con la ausencia de progresos en el Congreso Nacional para dar luz verde a las reformas constitucionales necesarias para que el mecanismo anticorrupción logre operar.
El estancamiento ha reavivado críticas desde diversos sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional, que interpretan la dilación como una señal de debilitamiento del compromiso gubernamental con la lucha contra la impunidad. La falta de consensos legislativos, en particular en torno a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, impide la instalación efectiva de la CICIH, pese a la entrega de un segundo borrador formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas sociales e institucionales
El Poder Ejecutivo ha manifestado reiteradamente su voluntad de crear la comisión, destacando progresos en las conversaciones con Naciones Unidas. Sin embargo, las condiciones esenciales para su puesta en marcha requieren de cambios en las leyes y la constitución, que deben ser ratificados por el Congreso, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
En respuesta a la nueva prórroga, sectores críticos han expresado su inconformidad con el manejo del proceso. Una diputada del Partido Nacional calificó la renovación como “un zarpazo al pueblo que creía en la promesa de justicia”, reflejando el malestar dentro de la oposición política. En tanto, organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han exhortado a romper el bloqueo institucional que impide el avance del proyecto.
Desafíos políticos y fatiga del público
El procedimiento para establecer la CICIH se encuentra con varios desafíos en el ámbito político. Sobresalen las reformas fundamentales que requerirían eliminar protecciones legales vistas por varios actores sociales como una barrera para luchar efectivamente contra la corrupción. Diversos actores han indicado la poca disposición política en el Congreso como una de las razones principales del estancamiento.
Han pasado más de dos años desde que Castro asumió el cargo, y las entidades de la sociedad civil junto con las redes ciudadanas critican la brecha entre las promesas iniciales y las acciones realizadas. Estos grupos enfatizan que la constante demora en tomar decisiones cruciales ha minado la confianza en la gestión y en las instituciones en general.
Invitaciones a actuar y presión global
El renovado memorando de entendimiento no incluye una fecha clara para la instalación de la CICIH, lo que, según observadores internacionales, podría poner en riesgo la credibilidad del país en materia de cooperación internacional. La percepción de inmovilidad ha generado escepticismo en actores externos, lo cual podría traducirse en efectos negativos para el respaldo económico y técnico que Honduras recibe para fortalecer su institucionalidad democrática.
Frente a esta situación, diferentes opiniones han resaltado la urgencia de agilizar el proceso mediante la rápida aprobación de las reformas requeridas, lo cual posibilitaría sellar un acuerdo definitivo con la ONU. Aseguran que estas medidas no solo activarían un mecanismo para combatir la corrupción, sino que también demostrarían un compromiso con la transparencia y la responsabilidad.
Escenario institucional ambiguo
El aplazamiento del procedimiento para establecer la CICIH refleja las complejidades estructurales que enfrenta Honduras para desarrollar un sistema autónomo y efectivo. La constante presencia de barreras jurídicas, junto con la ausencia de acuerdos políticos, mantiene en pausa una de las principales iniciativas para combatir la impunidad en el país.
El escenario destaca las fricciones entre los acuerdos globales del Gobierno y las dinámicas internas del Congreso, junto con el reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales tangibles. Al mismo tiempo, la nación sigue sin contar con un mecanismo internacional que respalde la investigación de casos de gran relevancia, lo cual plantea dudas sobre la viabilidad de los esfuerzos institucionales para enfrentar la corrupción a corto y mediano plazo.
