A poco más de doce meses de las elecciones generales en Honduras, programadas para noviembre de 2025, varios sectores políticos y sociales han manifestado inquietud por lo que describen como indicios tempranos de una estrategia dirigida a poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Las advertencias se originan de analistas, organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales, quienes están observando una serie de movimientos del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían socavar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Acusaciones sobre discursos y medidas que afectarían el proceso electoral
Una de las inquietudes más destacadas es la constante mención en discursos oficiales sobre la posibilidad de fraude, sin aportar evidencias sólidas. Estas afirmaciones apuntan a sectores económicos, medios de prensa y actores del exterior como presuntos conspiradores contra el gobierno, lo que según ciertos expertos parece un intento de crear la idea de manipulación electoral en caso de perder en las elecciones.
La narrativa, según observadores, parece buscar un doble objetivo: deslegitimar con antelación cualquier resultado desfavorable y al mismo tiempo fomentar un ambiente de desconfianza generalizada en las instituciones encargadas del proceso electoral.
Tensión institucional y cuestionamientos al árbitro electoral
Un tema delicado ha sido la posición que LIBRE ha adoptado respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el partido en el gobierno tuvo un rol importante en la creación de esta entidad, ahora emite comentarios que ponen en duda su imparcialidad y confianza. Según opiniones críticas, esta táctica busca debilitar la autoridad del CNE en momentos cruciales del proceso electoral.
Al mismo tiempo, se ha identificado un aumento en los procesos legales contra opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Estas medidas son vistas por grupos opositores como formas de presión que podrían restringir el diálogo público y la participación ciudadana en un entorno previo a las elecciones.
A esto se suma el uso prolongado del estado de excepción, vigente desde 2022 como parte de la política de seguridad del Gobierno. Si bien su aplicación ha sido justificada por motivos de combate al crimen organizado, su efecto colateral ha sido la restricción de derechos como la libre reunión y circulación, lo que impacta directamente en el desarrollo de actividades partidarias y en la expresión política de la ciudadanía.
Inquietud por el involucramiento y la solidez de la democracia
La combinación de narrativas de fraude, judicialización de adversarios y restricciones institucionales ha generado preocupación entre diversos sectores sobre una posible desmovilización del electorado opositor. Según analistas, este entorno podría derivar en abstención, apatía o incluso en escenarios de confrontación poselectoral si el resultado es impugnado o desconocido por alguna de las partes.
Estas situaciones surgen mientras ciertas encuestas muestran una reducción en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una perspectiva negativa para la candidata oficialista Rixi Moncada. En este marco, se ha entendido que el enfoque del discurso del gobierno sobre un potencial fraude responde a una estrategia política preventiva frente a un escenario electoral desfavorable.
Solicitudes para asegurar claridad y respeto al procedimiento
Varias entidades tanto locales como globales han realizado declaraciones pidiendo al gobierno de Honduras compromisos sólidos en cuanto a la transparencia en los procesos electorales. Sobresale la importancia de adherirse al cronograma electoral sin alteraciones, evitar la intervención política en las instituciones electorales y judiciales, y reconocer públicamente los resultados, independientemente de cuál sea el resultado.
Organizaciones como la OEA, la ONU, la Unión Europea y grupos de monitoreo cívico han expresado su voluntad de apoyar el proceso, mientras piden que se permita una observación internacional amplia, anticipada y neutral. Estos actores esperan que Honduras asegure un procedimiento donde se respete el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes, sin presiones ni influencias institucionales.
Un escenario caracterizado por la incertidumbre y la demanda democrática
El panorama electoral en Honduras para el año 2025 se vislumbra como un momento crítico para la estabilidad de las instituciones del país. Las advertencias expresadas por diferentes sectores manifiestan una preocupación general por la potencial influencia de intereses políticos sobre el proceso.
Dado el estado vulnerable del sistema democrático y el antecedente de crisis tras las elecciones en el país, el objetivo principal es garantizar un proceso claro, con salvaguardias para todos los participantes, que resulte en un desenlace aprobado por la población. La aceptación del nuevo gobierno no se basará únicamente en el sufragio, sino también en el cumplimiento absoluto de las normas democráticas.
