En un entorno con significativa fragilidad social y continuas tensiones económicas, el rendimiento macroeconómico de Honduras en 2025 muestra indicios contradictorios. A pesar de que las cifras oficiales predicen un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre un 3.5 % y un 4 %, varios estudios coinciden en que este ritmo es insuficiente para contrarrestar el elevado índice de pobreza y desigualdad que impacta a más del 60 % de los habitantes, particularmente en áreas rurales y entre los jóvenes.
Desarrollo restringido ante una pobreza estructural
El crecimiento económico, aún en cifras positivas, no ha logrado traducirse en mejoras tangibles para la mayoría de los hondureños. Organismos especializados advierten que este desempeño no responde a una transformación productiva ni a políticas redistributivas sostenidas, sino a una inercia que mantiene al país en una dinámica de baja productividad y alta dependencia externa.
El panorama es especialmente crítico para aquellos sectores que tradicionalmente han sido marginados del progreso económico. Las áreas rurales, caracterizadas por elevados niveles de pobreza multidimensional, junto con la juventud, se enfrentan a obstáculos continuos para acceder a trabajos decentes, formación técnica y servicios públicos de calidad, lo que dificulta la movilidad social y perpetúa ciclos de exclusión de generación en generación.
Desocupación en jóvenes, empleo informal y condiciones laborales precarias
La desocupación entre los jóvenes representa una de las situaciones más preocupantes de este panorama. Más de 750.000 jóvenes no pueden conseguir empleo y se estima que al menos 150.000 nuevos casos surgirán durante 2025. Esta marginación impacta profundamente en la cohesión social, favoreciendo la migración obligada o, en escenarios más difíciles, la participación de jóvenes en actividades económicas ilegales.
A su vez, la informalidad y los salarios por debajo del mínimo dificultan la cobertura de necesidades básicas. El costo de la canasta básica ronda los 15.500 lempiras mensuales, una cifra inalcanzable para buena parte de los hogares, lo que empuja a las familias a estrategias de sobrevivencia como el endeudamiento o la migración.
Inflación persistente y endeudamiento familiar
La inflación interanual se mantiene en niveles superiores al 4.5 %, con un impacto directo sobre alimentos, servicios públicos y bienes esenciales. Este fenómeno erosiona la capacidad adquisitiva de los hogares y acentúa la brecha entre ingresos y costo de vida.
Además, el endeudamiento de las familias hondureñas ha mostrado un incremento constante, restringiendo aún más el margen de consumo y ahorro. Paralelamente, cerca del 40 % de las empresas no cumple con el pago del salario mínimo, lo que evidencia una falta de regulación efectiva del mercado laboral y una débil capacidad de fiscalización por parte del Estado.
Violencia, migración y fractura del tejido social
La situación económica complicada se combina con diversos factores de riesgo que impactan de manera directa en la estabilidad social. Honduras sigue siendo uno de los países con las más altas tasas de violencia a nivel mundial, una realidad agravada por el desempleo, la inequidad y la falta de oportunidades.
La emigración continúa siendo una opción común para miles de hondureños, en su mayoría jóvenes. Las remesas, que constituyen casi el 25 % del PIB del país, apoyan a una gran parte de la población, pero también evidencian una dependencia mayor de recursos externos y exponen al país a riesgos debido a las políticas migratorias de otros países, como Estados Unidos.
La ausencia de trabajo y de oportunidades económicas no solo fomenta la migración, sino que también acelera la ruptura del tejido social, ya que deja a grandes segmentos de la población al margen del sistema productivo y de las redes de protección gubernamental.
Un escenario que tensiona la gobernabilidad
La brecha existente entre los indicadores macroeconómicos y la vida diaria de los habitantes de Honduras presenta serios retos para las instituciones. Aunque los discursos gubernamentales subrayan signos de estabilidad, la realidad estructural muestra un modelo económico incapaz de superar la exclusión y disminuir las debilidades sociales.
Esta desconexión pone en tensión la legitimidad de las políticas públicas y subraya la necesidad de reformas orientadas a la inclusión económica, la generación de empleo digno y el fortalecimiento de los mecanismos de protección social. En un contexto de creciente migración, violencia y frustración ciudadana, la sostenibilidad del modelo económico y político del país queda sujeta a la capacidad de responder a estas demandas estructurales con medidas de fondo.
