El escenario político reciente en Honduras ha estado influenciado por la movilización ciudadana en favor de la diversidad democrática y la inclusión política. En Tegucigalpa, un grupo variado compuesto por integrantes de organizaciones civiles, estudiantes universitarios, líderes vecinales y ciudadanos independientes se reunió frente al Congreso Nacional para llevar a cabo una vigilia tranquila. El propósito central de esta manifestación fue demandar plenas garantías y respeto para las colectividades políticas minoritarias en el contexto del proceso electoral que culminará con las elecciones generales de noviembre de 2025. La vigilia, distinguida por el uso de velas y pancartas, surgió como una respuesta simbólica ante lo que los participantes consideran una amenaza al sistema multipartidista, en medio de denuncias de presiones, bloqueos administrativos y exclusión mediática hacia partidos en ascenso.
La manifestación sirvió para denunciar acciones que, de acuerdo con los participantes, dificultan la participación justa en el diálogo público, imponen obstáculos injustos para registrar partidos políticos y perpetúan historias oficiales que desacreditan a grupos alternativos. Asimismo, destacaron el uso de fondos públicos en favor de partidos gubernamentales. En el evento, se presentó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), demandando equidad, transparencia en el acceso a los medios estatales y protección frente al hostigamiento político hacia candidatos independientes o de minorías.
Marco del proceso de elecciones y reclamos de exclusión
El escenario político de Honduras para las elecciones de 2025 está caracterizado por una atmósfera de alta tensión y polarización. Durante las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo, participaron los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal. Estas elecciones se vieron afectadas por demoras considerables en la distribución del material electoral, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, provocando malestar y acusaciones de irregularidades por parte de votantes y dirigentes políticos. El CNE admitió problemas logísticos, mientras que sectores de la oposición señalaron que los incidentes eran resultado de una supuesta intervención de las Fuerzas Armadas y de la ministra de Defensa, quien también es aspirante a la presidencia.
En este escenario, las agrupaciones emergentes han criticado los proyectos de ley que intentan adelantar la fecha tope para la entrega de planillas, lo cual consideran una medida que limita sus opciones de participación y refuerza la marginación política. Estas acciones se añaden a las quejas sobre el uso injusto de fondos públicos y la falta de acceso igualitario a los medios de comunicación del Estado. La preocupación de las organizaciones civiles y de los partidos minoritarios se enfoca en la importancia de mantener la diversidad política y prevenir que las prácticas limitantes se consoliden en vísperas de las elecciones generales de noviembre de 2025.
Reacciones institucionales y demandas ciudadanas
La vigilia frente al Congreso Nacional puso de manifiesto la vigilancia activa de la sociedad civil sobre el proceso democrático. Los asistentes entregaron formalmente sus demandas a las autoridades electorales, solicitando que se garantice la igualdad de condiciones para todos los partidos inscritos y que se asegure la transparencia en la asignación de espacios en los medios públicos. Además, exigieron protección efectiva contra el acoso político, especialmente para candidatos independientes o de partidos minoritarios.
El ciclo parlamentario 2022-2026 del Congreso Nacional, iniciado después de las elecciones de 2021, se ha caracterizado por divisiones y momentos de crisis interna, como el conflicto en la elección de la mesa directiva y el desmembramiento de grupos parlamentarios. Este entorno ha potenciado la percepción de que hay acciones que benefician a los partidos tradicionales, complicando la integración de nuevas fuerzas políticas. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de supervisar y proteger los espacios de libertad y participación política, destacando que la diversidad es fundamental para la democracia en Honduras.
