A cuatro meses de las elecciones generales planificadas para el 30 de noviembre, la administración de la presidenta Xiomara Castro se encuentra ante un aumento en la desaprobación del público. Encuestas y evaluaciones independientes indican una caída continua en el apoyo hacia el gobierno, mientras que grupos sociales, económicos y políticos manifiestan su inquietud por lo que perciben como una gestión que no ha logrado avances tangibles en aspectos como seguridad, empleo y transparencia.
Críticas a la administración del gobierno
Diversos actores de la vida nacional, entre ellos gremios empresariales, organizaciones sindicales y colectivos civiles, han cuestionado el rumbo que ha tomado el país bajo el liderazgo del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Las críticas se centran en el deterioro de las condiciones económicas, el aumento de la inseguridad y la falta de políticas públicas efectivas para atender los problemas estructurales.
Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran el estancamiento de la economía y la continuidad del desempleo, junto con una percepción creciente de animosidad hacia la empresa privada. En este escenario, líderes comunitarios y representantes de distintos sectores han expresado su preocupación por lo que consideran un uso partidista del poder estatal, acompañado de un discurso ideológico que no ha resultado en mejoras significativas en la calidad de vida de la gente.
Controversias y falta de confianza en las instituciones
Junto al creciente descontento se añaden recientes disputas que han afectado la reputación del gobierno. Incidentes como el supuesto mal manejo de recursos del estado en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la ausencia de clarificación respecto al fraude financiero vinculado con la plataforma Koriun han incrementado la percepción de falta de transparencia y permisividad. Asimismo, la falta de respuestas oficiales ante acusaciones de posibles conexiones con el narcotráfico ha incrementado el escepticismo de la población.
Estos sucesos han levantado dudas respecto al compromiso del Gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción, fundamentos que fueron de las promesas más destacadas en la campaña. La acumulación de estos eventos ha tenido un efecto directo en las encuestas, donde la presidenta y su partido reflejan una caída constante en los índices de apoyo.
Convocatorias para la participación y supervisión ciudadana
Ante el aumento del descontento, diversas opiniones de la sociedad civil están abogando por una implicación más activa en el proceso democrático. Colectivos ciudadanos han resaltado la importancia de reforzar la supervisión electoral, asegurar la autonomía de las instituciones y demandar que las prioridades del país se enfoquen en el bienestar común, más allá de las narrativas partidistas.
En los últimos meses, ha crecido la exigencia por una administración más efectiva y responsable, especialmente entre grupos populares que expresan sentirse excluidos de las decisiones del gobierno. Esta situación podría tener un impacto considerable en el escenario electoral de las elecciones de noviembre, donde el oficialismo intentará mantener su influencia ante una población cada vez más crítica y exigente.
Una coyuntura marcada por la desafección política
La situación presente muestra una división entre las expectativas que se crearon al inicio del mandato de Xiomara Castro y lo que la población está experimentando. Las promesas de cambio, equidad social y restauración institucional chocan con una realidad caracterizada por la inestabilidad económica, la pérdida de confianza en las instituciones del gobierno y el regreso de prácticas criticadas por varios sectores.
En esta situación, el reto para el gobierno será recuperar la confianza y crear acuerdos que posibiliten abordar las necesidades sociales sin aumentar la división. El desarrollo de esta situación política determinará no solo el resultado de las elecciones de noviembre, sino también la dirección institucional del país en los próximos años.
