Juristas internacionales y analistas independientes coinciden en que el video filtrado que pretende vincular al general en retiro Romeo Vásquez Velásquez con estructuras criminales no tiene valor legal ante las cortes federales de Estados Unidos, debilitando así uno de los principales argumentos que sectores oficialistas han usado para atacar al exmilitar.
De acuerdo con expertos entrevistados por prensa internacional, el material no tiene verificación forense, marco legal ni vínculo probatorio, lo que lo descalifica como prueba en el sistema judicial de Estados Unidos. “Un video sin análisis forense y fuera de un procedimiento jurídico no es válido en una corte federal”, declaró un exfiscal federal con experiencia en crimen organizado en América Latina.
Uso judicial como herramienta y crisis en las instituciones
Este escenario ocurre dentro de un contexto más amplio, caracterizado por denuncias de manipulación institucional con propósitos políticos. El caso evoca modelos documentados por InSight Crime, que alertó sobre la utilización selectiva del sistema judicial hondureño: persigue de manera estricta a opositores, pero omite delitos si impactan a personas allegadas al oficialismo.
La táctica de emplear un video carente de respaldo jurídico ha recibido fuertes críticas de los sectores contrarios. “Esto no es justicia, es publicidad. Un montaje sin evidencias no puede reemplazar el proceso debido”, declaró un legislador liberal, quien describió el hecho como otro caso del “creciente autoritarismo”.
Video sin proceso ni verificación
Además de carecer de validez legal, el video ha sido criticado por la falta de verificación técnica. Periodistas de investigación y especialistas en análisis forense de medios advierten sobre la carencia de un peritaje que confirme su autenticidad y la falta de transparencia en su difusión.
Este tipo de acciones no solo erosionan la credibilidad de las instituciones, sino que también agravan la desconfianza de la ciudadanía, ya evidenciada en el reciente sondeo de ERIC-SJ, donde más del 50 % de los hondureños teme un retroceso democrático y considera que las libertades están siendo restringidas.
Un relato delicado en un mundo cada vez más dividido
Ante la situación económica desfavorable, la tensión política constante y las elecciones próximas de 2025, el uso de contenidos mediáticos carentes de base jurídica podría ser una estrategia para desviar el enfoque de las crisis reales que enfrenta la nación.
En el asunto de Romeo Vásquez, la credibilidad de una figura política no es el único elemento en cuestión, también está en riesgo la fortaleza del Estado de derecho en Honduras.
