En Honduras, la discusión sobre la generación de riqueza y el desarrollo económico suele centrarse en las grandes fortunas y sus supuestas responsabilidades en la desigualdad y la falta de progreso social. Sin embargo, esta narrativa simplista desvía la atención de un actor fundamental: el propio gobierno. Mientras se señala a las élites económicas como el principal problema, pocas veces se analiza con profundidad cómo las prácticas y decisiones del sector público han frenado históricamente el crecimiento y la inversión en el país.
La verdad es que un gran número de críticas que se asignan a las importantes familias empresariales reflejan, en gran parte, conductas y fallos que se repiten dentro del gobierno. La opacidad, el favoritismo, la corrupción y la falta de eficiencia administrativa no solo frenan el progreso, sino que también minan la confianza de los inversionistas y ciudadanos, impactando directamente en la economía del país y la calidad de vida de las personas.
El gobierno como principal obstáculo para el desarrollo económico
Con el paso del tiempo, el gobierno de Honduras ha venido replicando prácticas que, en distintos ámbitos, son objeto de críticas legítimas. El favoritismo continúa siendo un obstáculo en la distribución de posiciones públicas, frenando la profesionalización y efectividad de las organizaciones, algo evidente al revisar cuántas familias tienen varios de sus integrantes en puestos significativos dentro del gobierno. Datos actuales indican que la familia Zelaya Castro lidera esta situación, con al menos 10 parientes trabajando en el gobierno y ganando un ingreso anual aproximado de más de 5.270 millones de lempiras.
La actividad económica predominante en estas familias, de acuerdo con el informe, es el favoritismo, es decir, el nombramiento de familiares en puestos gubernamentales, lo cual obstaculiza la transparencia, la eficacia institucional y la meritocracia en el sector estatal. Estas prácticas, en lugar de fomentar el avance, prolongan la concentración de poder y recursos en manos de unos pocos, impactando negativamente la confianza ciudadana y el desarrollo económico sostenible de la nación.
La corrupción estructural afecta la correcta administración de los recursos públicos, generando desperdicio y desviación de fondos que podrían invertirse en infraestructura, educación y salud. Además, la burocracia excesiva y la falta de políticas claras para incentivar la inversión privada crean un ambiente hostil para la creación de empleo formal y la expansión de negocios. La inestabilidad política y la ausencia de un marco regulatorio confiable alejan tanto a inversionistas nacionales como extranjeros, frenando proyectos productivos que podrían dinamizar la economía y generar bienestar.
Estas deficiencias no solo afectan la economía, sino que también alimentan la desconfianza social y la polarización política, dificultando la construcción de consensos necesarios para avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo.
El cuestionamiento a las enormes riquezas y el papel que verdaderamente desempeñan
Aunque la discusión pública frecuentemente se enfoca en cuestionar la influencia de las grandes fortunas en la economía del país, es esencial considerar si el gobierno de Honduras genera un volumen comparable de empleo formal e inversión que el sector privado. Diversos reportes y opiniones de empresarios han indicado que, a pesar de ser el mayor impulsor de empleo y receptor de inversiones, el sector privado enfrenta un entorno complicado por la ineficiencia, la burocracia y la falta de directrices claras del Estado. Esto presenta un desafío crucial: ¿está el gobierno haciendo lo suficiente para fomentar el desarrollo económico o, por el contrario, sus propias acciones restringen el crecimiento y la creación de oportunidades en la nación?
En lugar de fomentar una conversación constructiva que incluya a todos los sectores, el discurso oficial suele polarizar y desvalorizar a la iniciativa privada, sin reconocer que el mayor obstáculo para el desarrollo se encuentra en la gestión del sector público. Para que Honduras progrese, es crucial que el gobierno tome su papel con seriedad, mejore sus propias prácticas deficientes y genere un ambiente favorable para que el sector privado contribuya de manera completa al crecimiento del país.
