En un duro pronunciamiento, Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, acusó al gobierno de utilizar la crisis sanitaria del COVID-19 como una herramienta de control social. Según el aspirante a la presidencia, la administración actual estaría explotando el temor al virus para paralizar a la población y evitar que se produzcan protestas en las calles, en un contexto de creciente descontento social.
La acusación de Nasralla: COVID-19 como instrumento de miedo
Desde sus redes sociales, Nasralla aseguró que la administración de la presidenta Xiomara Castro está aprovechando la pandemia para disuadir las manifestaciones populares, afirmando que el virus no representa una amenaza mayor que la registrada en otros países de la región. El candidato liberal sugirió que las medidas preventivas, como la obligatoriedad del uso de mascarillas y los anuncios alarmantes sobre nuevas variantes del virus, son en realidad una cortina de humo destinada a desviar la atención del malestar social.
«Actualmente, intentan asustar a la población con el covid-19 para disuadirnos de salir a las calles», afirmó Nasralla, quien también destacó que los números de contagios en Honduras son considerablemente menores que en otras partes de América Latina. Según su perspectiva, el gobierno teme la manifestación del descontento popular, ya que cree que su derrota en las elecciones de noviembre es ya un resultado inevitable.
Reacción de sectores médicos y ciudadanos ante las medidas
La denuncia de Nasralla ha generado una amplia discusión pública. En el sector médico, algunos profesionales defienden las restricciones impuestas, argumentando que son necesarias para contener los brotes y proteger la salud pública. Sin embargo, otros sectores de la población, especialmente en las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, han comenzado a cuestionar la verdadera naturaleza de estas medidas.
Aunque algunas personas afirman que las limitaciones son una reacción razonable debido a la situación de salud pública, hay quienes dudan y proponen que el gobierno podría estar utilizando esta oportunidad para restringir las protestas y la participación de los ciudadanos en un momento electoral tan importante.
Una situación política complicada
El reclamo de Nasralla no solo ha generado respuestas divididas en la opinión pública, sino que también ha avivado nuevamente las tensiones entre el gobierno y la oposición. En un ambiente dominado por la falta de confianza institucional, donde las peticiones de unidad y democracia se han opacado por las disputas, el reclamo de Nasralla se integra en una serie de movilizaciones opositoras que persiguen, entre otros objetivos, la protección de la libertad de expresión y el derecho a protestar.
En este contexto, la acusación de que el gobierno está usando el COVID-19 como una forma de control político refleja una creciente desconfianza hacia las autoridades en un momento decisivo para el país. La oposición ha convocado nuevas movilizaciones en defensa de la democracia, mientras que el gobierno, por su parte, insiste en la necesidad de mantener las restricciones para proteger a la población.
La repercusión de la acusación en la situación política de Honduras
El choque entre la aplicación de las medidas de salud y su potencial uso con fines políticos destaca la vulnerabilidad del sistema democrático en Honduras. Aunque las políticas de sanidad pública deben ser tratadas con seriedad, la falta de confianza hacia las instituciones y el gobierno resalta la urgencia de un debate transparente sobre las acciones adoptadas y su justificación en este entorno electoral. Las disputas entre los diversos actores políticos y sociales continuarán influyendo en la agenda del país en los próximos meses, mientras la ciudadanía enfrenta la incertidumbre respecto al futuro de la democracia y la capacidad de gobernar.
