Diez meses después de la publicación del video que relaciona a un personaje central del entorno presidencial con actividades de narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados tangibles. La falta de acción del Ministerio Público frente a un escándalo que implica al círculo más íntimo de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y fomentado una desconfianza creciente en las instituciones.
La fiscalía no proporciona explicaciones precisas en un caso de gran repercusión
A partir de septiembre de 2024, se divulgó un video denominado «narcovideo» en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con narcotraficantes. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado un progreso procesal claro. En el video, las personas involucradas ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido actualmente en el poder.
Tras la filtración, Carlos Zelaya renunció a su cargo como diputado y secretario del Congreso Nacional. Lo mismo hizo su hijo, José Manuel Zelaya, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, jefe de la bancada oficialista, también puso su puesto a disposición. Sin embargo, más allá de estas salidas, no ha habido acciones judiciales concretas.
La Fiscalía ha comunicado que el asunto está “en revisión”, habiéndose solicitado colaboración legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentación relacionada con procesos judiciales anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre los resultados de estas gestiones, ni se ha divulgado un plan de investigación al público.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La divulgación del video generó una ola de reacciones desde distintos sectores. La presidenta Xiomara Castro condenó cualquier vínculo entre actores políticos y estructuras criminales, pero enmarcó la filtración como un intento de desestabilizar su gobierno con miras a las elecciones de 2025.
Sin embargo, para grupos anticorrupción y facciones opositoras, la controversia ha cuestionado la honestidad del plan político de LIBRE. Diversos individuos han demandado incluso la dimisión de la presidenta, alegando que la situación contradice su promesa de romper con el pasado y combatir el narcoestado.
Estas posiciones ponen de manifiesto una creciente fricción en el escenario político del país, donde las demandas de rendición de cuentas se enfrentan a una reacción institucional vista como inadecuada. La ausencia de medidas específicas por parte del Ministerio Público ha fortalecido la idea de impunidad en asuntos que involucran a personas cercanas al poder.
Erosión institucional en un contexto de polarización electoral
El «narcovideo» no ha sido un evento aislado. Se añade a una cadena de escándalos recientes que han minado la confianza del público en los compromisos de cambio anunciados por el gobierno de Castro. La ausencia de medidas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma firmeza cuando los involucrados son parte del partido gobernante.
Con los comicios generales fijados para noviembre de 2025, este asunto toma una importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el desgaste del gobierno, mientras que el oficialismo intenta reducir la influencia del escándalo en su discurso público. En este contexto, la exigencia social de claridad y equidad sigue siendo un punto de presión constante.
Un caso que marca el pulso de la institucionalidad hondureña
A casi un año de su divulgación, el narcovideo permanece sin consecuencias jurídicas visibles, mientras se acumulan cuestionamientos al rol de la Fiscalía y al compromiso del gobierno con la transparencia. La prolongada falta de acción contribuye a deteriorar aún más la legitimidad de las instituciones, en un país marcado por el historial de impunidad y la persistente influencia del crimen organizado en la política.
La gestión de esta situación constituye no solo un desafío inmediato para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial de la fortaleza del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se ignore determinará el rumbo de la credibilidad institucional en vista de un proceso electoral sumamente polarizado.
