La publicación reciente de un video relacionado con el narcotráfico en Honduras ha incrementado las inquietudes respecto al estado del sistema judicial hondureño. Según un reporte emitido por el centro de investigación InSight Crime, el incidente no solo revela conexiones entre individuos involucrados en el narcotráfico y personas cercanas a las esferas de poder, sino que también evidencia una tendencia alarmante: el uso de la justicia con fines políticos.
Esquemas de impunidad y cacería selectiva
InSight Crime describe un contexto en el que la ley se aplica de forma desigual. Mientras ciertos acusados son expuestos públicamente y sometidos a procesos judiciales rápidos, otros, con presuntos vínculos con el gobierno actual, permanecen fuera del alcance de la justicia o incluso reciben protección institucional. Este patrón, advierte el informe, no es nuevo en la región, pero en el caso de Honduras ha alcanzado niveles particularmente preocupantes en los últimos meses.
El reporte también señala similitudes con situaciones autoritarias vistas en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido captado por influencias políticas para garantizar impunidad a simpatizantes y sancionar a opositores. La situación en Honduras, de acuerdo con el centro de análisis, está siguiendo un rumbo similar, lo que pone en riesgo directo el Estado de derecho.
Reacciones críticas y llamado a observación internacional
La respuesta al informe fue inmediata. Líderes políticos opositores, abogados y activistas de derechos humanos han resaltado que el uso de la justicia como herramienta amenaza la credibilidad del sistema democrático. Esta inquietud es compartida por entidades internacionales, que han sido solicitadas para observar el desgaste institucional de la nación.
Una fuente diplomática citada por InSight Crime alertó que Honduras podría estar dirigiéndose hacia una seria crisis en la gobernabilidad si no se aseguran las mínimas garantías de independencia judicial. La falta de confianza por parte de la población, incrementada por la falta de transparencia y la impunidad, ha debilitado aún más la confianza en las instituciones.
En este escenario, distintos sectores han solicitado con urgencia que entes multilaterales como la OEA y la ONU permanezcan atentos al país. Reclaman medidas que aseguren un sistema judicial independiente y claro, libre de influencias políticas o intereses delictivos.
El video del narcotráfico no solo revela un caso concreto de corrupción, sino que también se ha transformado en un emblema de un sistema judicial que, en lugar de ser imparcial, parece actuar con intereses políticos.
