Diez meses después de la publicación del video que relaciona a un personaje central del entorno presidencial con actividades de narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados tangibles. La falta de acción del Ministerio Público frente a un escándalo que implica al círculo más íntimo de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y fomentado una desconfianza creciente en las instituciones.
La Fiscalía no ofrece explicaciones precisas en un caso importante
A partir de septiembre de 2024, se divulgó un video denominado «narcovideo» en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con narcotraficantes. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado un progreso procesal claro. En el video, las personas involucradas ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido actualmente en el poder.
Luego de la filtración, Carlos Zelaya dimitió de su posición como diputado y secretario del Congreso Nacional. Igualmente, su hijo, José Manuel Zelaya, renunció a su rol de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, líder del grupo oficialista, también ofreció su dimisión. No obstante, aparte de estas renuncias, no se han tomado medidas legales específicas.
El Ministerio Público ha comunicado que el asunto está «bajo revisión», con una petición de ayuda legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentos vinculados a procesos anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se tienen resultados de estas diligencias, ni se ha divulgado un calendario público de la investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video provocó una serie de respuestas de varios ámbitos. La mandataria Xiomara Castro rechazó cualquier asociación de figuras políticas con organizaciones delictivas, aunque describió la divulgación como un esfuerzo por desestabilizar su administración con vistas a los comicios de 2025.
No obstante, para organizaciones anticorrupción y sectores opositores, el escándalo ha puesto en entredicho la integridad del proyecto político de LIBRE. Varios actores han exigido incluso la renuncia de la mandataria, argumentando que el caso contradice su discurso de ruptura con el pasado y de lucha contra el narcoestado.
Estas posturas reflejan una tensión creciente en el ámbito político nacional, donde los llamados a esclarecer responsabilidades chocan con una respuesta institucional percibida como insuficiente. La falta de acciones concretas por parte del Ministerio Público ha alimentado la narrativa de impunidad en casos que tocan a figuras cercanas al poder.
Debilitamiento institucional en un escenario de polarización electoral
El «narcovideo» no ha sido un evento aislado. Se añade a una cadena de escándalos recientes que han minado la confianza del público en los compromisos de cambio anunciados por el gobierno de Castro. La ausencia de medidas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma firmeza cuando los involucrados son parte del partido gobernante.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este caso cobra importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el partido gobernante intenta reducir el impacto del escándalo en su discurso público. En esta situación, la exigencia social por transparencia y justicia permanece como un factor de presión constante.
Un ejemplo que refleja la situación de la institucionalidad en Honduras
Casi un año después de haberse dado a conocer, el narcovideo sigue sin llevar a acciones legales concretas, al tiempo que crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y la dedicación del gobierno a la apertura informativa. La continua inacción daña todavía más la credibilidad de las instituciones, en una nación caracterizada por su pasado de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en el ámbito político.
El tratamiento de este asunto constituye no solo un desafío urgente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial para la estabilidad del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se evite influirá en el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral sumamente dividido.
