En Honduras, la cercanía de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las preocupaciones sobre la transparencia del proceso electoral. Se han identificado dos principales fuentes de preocupación: las acusaciones de un posible uso político del Ministerio Público en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente desconfianza respecto al rol de las Fuerzas Armadas como defensoras del sistema democrático.
Se ha reportado la sospecha de que el Ministerio Público estaría preparando acusaciones formales contra consejeras del CNE, lo que ha generado alarma entre sectores políticos y organizaciones defensoras de la democracia. Se alega que este proceso judicial tendría motivaciones políticas, dirigido contra consejeras que han mostrado posiciones críticas o independientes frente al oficialismo. La posible judicialización de consejeras del CNE se produce en un momento delicado, cuando el órgano electoral debe garantizar la organización imparcial del proceso electoral, la credibilidad de los resultados y la confianza de los partidos políticos y la ciudadanía.
Peligro en el manejo y falta de confianza en las instituciones
Este tipo de medidas podrían socavar la autonomía institucional y minar la confianza de la ciudadanía en los procedimientos electorales. Los grupos opositores y la sociedad civil han manifestado su inquietud, solicitando investigaciones fundamentadas en evidencias sólidas y no motivadas por venganzas políticas. Ha habido peticiones a la comunidad internacional para que se manifieste ante posibles intentos de manipulación del CNE y vigile el comportamiento del Ministerio Público.
Simultáneamente, ha aumentado la desconfianza del público y políticos en cuanto al papel de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático. Dirigentes de partidos de oposición, instituciones de la sociedad civil y expertos independientes han expresado su inquietud ante despedidos y jubilaciones cuestionables en el cuerpo militar, la cercanía ideológica y táctica entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de personal militar en asuntos civiles y elecciones, y la ausencia de claridad en la organización del despliegue militar durante los procesos electorales.
Miedo a la militarización y exhortaciones a la supervisión
Durante las elecciones primarias de marzo, se informaron problemas relacionados con demoras en la distribución de equipos electorales y una presencia militar extraordinaria en determinados centros de votación, lo cual ha incrementado el miedo a una posible militarización del proceso electoral. Existe preocupación de que las Fuerzas Armadas, bajo la influencia de personalidades del oficialismo, sean utilizadas como un medio para facilitar un fraude en las elecciones o suprimir las manifestaciones ciudadanas.
La creciente desconfianza ha llevado a llamados urgentes a organismos internacionales para que envíen misiones de observación y exijan garantías de neutralidad militar y transparencia operativa. Grupos ciudadanos han comenzado a organizar redes de veeduría social para documentar posibles abusos o irregularidades. La credibilidad del proceso electoral del 30 de noviembre dependerá de la conducta de las instituciones y la vigilancia ciudadana.
