En Honduras, el estado de excepción ha generado mucha polémica en los meses recientes. La legisladora Maribel Espinoza, quien pertenece a la oposición, ha manifestado su preocupación por la dirección que ha adoptado la ejecución de esta norma, que en un inicio se planteó para luchar contra el crimen. Según sus palabras, el régimen se está usando de tal manera que cuestiona las garantías constitucionales y podría actuar como herramienta de persecución contra grupos críticos del gobierno.
Espinoza señaló que algunas medidas realizadas bajo la protección del estado de excepción violan derechos de las personas. Como ejemplo, mencionó la entrada sin orden judicial a la casa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, un acontecimiento que, según indicó, demuestra el uso arbitrario del poder y la ausencia de controles por parte de las instituciones. Para la legisladora, este tipo de actividades podría volverse una preocupación por la aceptación de prácticas autoritarias si no se establecen límites claros al decreto en efecto.
Comentarios negativos sobre el Ministerio Público y riesgos legales
La diputada también cuestionó la actuación del Ministerio Público, al considerar que no está garantizando imparcialidad ni respeto al debido proceso en la ejecución de las medidas extraordinarias. A su juicio, esto genera un ambiente de inseguridad jurídica que afecta no solo a figuras públicas, sino a cualquier ciudadano expuesto a decisiones arbitrarias.
Frente a esta situación, Espinoza apeló al Congreso Nacional para que examinen con cuidado la validez de prolongar el estado de excepción, usando como único criterio sus responsabilidades como representantes electos, no sus inclinaciones políticas. Alertó sobre la posibilidad de que extender esta medida responda a fines políticos que intentan fortalecer el dominio gubernamental restringiendo libertades civiles. También subrayó que la seguridad pública no debe utilizarse como pretexto para debilitar el Estado de derecho ni para restringir la participación democrática.
Respuestas en el Congreso Nacional y discusión sobre la permanencia
Los comentarios de Espinoza se unen a las opiniones de varios grupos que piden más claridad en la implementación de esta política. Pese a que se ideó como una solución frente a la violencia, cada vez más personas perciben que se emplea para acallar a quienes se oponen. La discusión sobre su permanencia continúa tanto en el Congreso como en la sociedad civil, donde se busca un balance entre la seguridad y el respeto por los derechos esenciales.
