En un duro pronunciamiento, Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, acusó al gobierno de utilizar la crisis sanitaria del COVID-19 como una herramienta de control social. Según el aspirante a la presidencia, la administración actual estaría explotando el temor al virus para paralizar a la población y evitar que se produzcan protestas en las calles, en un contexto de creciente descontento social.
La acusación de Nasralla: COVID-19 como instrumento de miedo
Desde sus redes sociales, Nasralla aseguró que la administración de la presidenta Xiomara Castro está aprovechando la pandemia para disuadir las manifestaciones populares, afirmando que el virus no representa una amenaza mayor que la registrada en otros países de la región. El candidato liberal sugirió que las medidas preventivas, como la obligatoriedad del uso de mascarillas y los anuncios alarmantes sobre nuevas variantes del virus, son en realidad una cortina de humo destinada a desviar la atención del malestar social.
«Ahora tratan de meterle miedo a la gente con el covid-19, para evitar que vayamos a las calles», denunció Nasralla, quien además subrayó que las cifras de contagios en Honduras son significativamente más bajas que en otras naciones de América Latina. En su opinión, el gobierno teme la expresión del descontento popular, pues considera que su derrota en las próximas elecciones de noviembre ya es un hecho inevitable.
Respuesta de los grupos de salud y de la población frente a las disposiciones
La denuncia de Nasralla ha generado una amplia discusión pública. En el sector médico, algunos profesionales defienden las restricciones impuestas, argumentando que son necesarias para contener los brotes y proteger la salud pública. Sin embargo, otros sectores de la población, especialmente en las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, han comenzado a cuestionar la verdadera naturaleza de estas medidas.
Aunque algunas personas afirman que las limitaciones son una reacción razonable debido a la situación de salud pública, hay quienes dudan y proponen que el gobierno podría estar utilizando esta oportunidad para restringir las protestas y la participación de los ciudadanos en un momento electoral tan importante.
Un contexto político tenso
La denuncia de Nasralla no solo ha provocado una reacción polarizada en la opinión pública, sino que también ha encendido una vez más las tensiones entre el gobierno y la oposición. En un clima marcado por la desconfianza institucional, donde los llamados a la unidad y la democracia se han visto empañados por la controversia, la denuncia de Nasralla se inserta en una serie de movilizaciones opositoras que buscan, entre otras cosas, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
En este contexto, la acusación de que el gobierno está usando el COVID-19 como una forma de control político refleja una creciente desconfianza hacia las autoridades en un momento decisivo para el país. La oposición ha convocado nuevas movilizaciones en defensa de la democracia, mientras que el gobierno, por su parte, insiste en la necesidad de mantener las restricciones para proteger a la población.
El impacto de la denuncia en el clima político de Honduras
El conflicto entre el uso de las medidas sanitarias y su posible instrumentalización política subraya la fragilidad del sistema democrático en Honduras. Si bien las políticas de salud pública deben ser tomadas con seriedad, el clima de desconfianza hacia las instituciones y el gobierno pone en evidencia la necesidad de un debate claro sobre las medidas adoptadas y su justificación en este contexto electoral. Las tensiones entre los distintos actores políticos y sociales seguirán marcando la agenda del país en los próximos meses, mientras la población se enfrenta a la incertidumbre sobre el futuro de la democracia y la gobernabilidad.
