En los últimos años, los colectivos en Honduras han asumido un rol agresivo en la arena política, destacándose especialmente por su vinculación con el partido Libertad y Refundación (LIBRE). Estos grupos, inicialmente surgidos como apoyo logístico y movilizador, han evolucionado hacia auténticos «grupos de presión y choque», influyendo directamente en la dinámica política del país. Su presencia ha dejado de limitarse a manifestaciones pacíficas o apoyo simbólico; ahora, actúan como fuerzas disuasivas y de intimidación, no solo contra sus opositores políticos, sino también contra instituciones claves del Estado, tales como el Congreso Nacional o el Consejo Nacional Electoral.
Este cambio en la naturaleza de los colectivos ha provocado una creciente preocupación por su impacto en la gobernabilidad y la estabilidad institucional de Honduras. En contextos políticos cargados de polarización y tensión social, su agresividad no solo se manifiesta en la ocupación de espacios físicos, sino también en la estrategia de presión política directa, en un ambiente donde las respuestas del gobierno frente a sus acciones han generado fuertes críticas.
Uso político y decadencia democrática
El contexto detrás del auge de estos colectivos se encuentra relacionado con la crisis institucional que vive el país. En un entorno político cada vez más polarizado, los colectivos han logrado colarse como actores clave en los procesos de toma de decisiones, sobre todo cuando los canales formales no permiten que sus intereses se materialicen de manera inmediata. Así, su presencia en eventos claves como la elección de autoridades o la aprobación de reformas es una estrategia que busca presionar y, en ocasiones, bloquear decisiones que no favorecen a sus intereses.
Un claro ejemplo de esto son las tomas y asedios al Congreso Nacional, así como al Consejo Nacional Electoral, eventos que buscan obstaculizar el avance de procesos clave. En muchos de estos casos, los colectivos han jugado un papel activo en la creación de una atmósfera de incertidumbre y miedo, lo cual dificulta la toma de decisiones objetivas y transparentes por parte de las instituciones del Estado.
La tolerancia o el respaldo gubernamental
Uno de los aspectos que incrementa la agresividad de los grupos es la percepción de una ausencia de reacción firme y decisiva por parte del gobierno frente a sus acciones. Varias áreas críticas han señalado que el Ejecutivo ha demostrado tolerancia e incluso apoyo hacia estos colectivos, una postura que refuerza la idea de que estas agrupaciones actúan bajo un tipo de «protección institucional». Esta circunstancia ha generado comparaciones con otros gobiernos autoritarios en la región, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde grupos similares han sido utilizados por las autoridades para preservar el control político y social.
Si bien el gobierno ha restado importancia a estas acusaciones, la división social y la fragilidad de las instituciones democráticas en Honduras proporcionan un ambiente favorable para que estos grupos continúen operando con notable impunidad. Estos colectivos no solo se perciben apoyados, sino también fortalecidos debido a la falta de repercusiones políticas o legales por sus acciones.
Contexto electoral y la creciente presión
Los próximos comicios han aumentado la tensión entre los grupos involucrados. En este contexto, la intensificación de sus iniciativas tiene como objetivo principal salvaguardar lo que creen es su agenda política. La percepción de posibles riesgos a la estabilidad de su movimiento, ya sea por especulaciones de manipulación o por la posibilidad de un quiebre similar al de 2009, ha impulsado a estos colectivos a reforzar sus tácticas de presión y dominio.
La agresividad con la que los colectivos defienden lo que consideran sus intereses ha contribuido a un clima de creciente tensión y desconfianza, lo que, a su vez, profundiza la polarización que caracteriza la política hondureña.
Un panorama de tensión e incertidumbre
El rol cada vez más insistente de los grupos en la política de Honduras indica un entorno de deterioro progresivo en la democracia. La ausencia de medios efectivos para el diálogo y la impunidad respecto a sus actos propician un clima donde la coacción social y la violencia son consideradas medios legítimos para lograr fines políticos. Esto sitúa a las instituciones estatales en una posición vulnerable, incapaces de detener un proceso que mina los fundamentos democráticos esenciales de la nación.
En este marco, la inclinación de los grupos a funcionar como entidades paralelas al Estado plantea un desafío significativo para la gobernabilidad y la estabilidad política en Honduras. El porvenir de la democracia en el país dependerá de la habilidad de sus instituciones para restaurar su independencia y asegurar que la política opere dentro de los límites de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
