La Iglesia Católica junto con la Confraternidad Evangélica de Honduras han comunicado la realización de una marcha nacional por la paz, programada para el 16 de agosto de 2025. Esta acción se enmarca en un ambiente de polarización política cada vez más pronunciada y desconfianza por parte de la ciudadanía. Con el lema “Caminamos con fe y esperanza”, el evento pretende ser una invitación colectiva en pro de la justicia, la vida y el respeto al Estado de derecho.
La propuesta constituye un evento poco común en la historia moderna del país: es la primera ocasión en muchos años que ambas entidades religiosas promueven de manera conjunta una acción de tal envergadura, como respuesta a la violencia, la degradación institucional y la tensión antes de las elecciones que el país experimenta.
Pronunciamientos religiosos y significado de la protesta
Los convocantes del evento han enfatizado la naturaleza pacífica y neutral de la manifestación. En declaraciones públicas, tanto figuras católicas como evangélicas han indicado que el propósito fundamental es expresar un compromiso ciudadano con la armonía social y la convivencia democrática, sin asociación con agendas políticas.
La convocatoria se presenta como un espacio para exigir respeto a los derechos fundamentales, particularmente ante la escalada de violencia y la crisis en el sistema político-institucional. La participación abierta a toda la ciudadanía, según los convocantes, pretende fortalecer un mensaje de unidad nacional frente a la fragmentación política.
Alegaciones sobre intentos de influir políticamente
Antes de la realización del evento, diversas críticas emergieron desde grupos religiosos y la sociedad civil por supuestas intenciones del partido Libertad y Refundación (LIBRE) de influir en la manifestación con objetivos políticos. Los organizadores indicaron que se habrían descubierto llamados en redes sociales por agrupaciones ligadas al gobierno para participar en la marcha llevando mensajes o consignas favorables al partido.
En respuesta a esto, representantes de la iglesia han sido claros al rechazar cualquier abuso político. Han solicitado específicamente a los partidos políticos que se abstengan de incorporar emblemas o signos que cambien el carácter cívico del evento. Del mismo modo, pidieron evitar conflictos que puedan distorsionar el objetivo central de la actividad.
A pesar de que algunos miembros del oficialismo han apoyado la convocatoria y han mostrado su disposición a seguir sus directrices, todavía existen incertidumbres sobre la capacidad de preservar el carácter apolítico del evento en un entorno altamente polarizado.
Contexto político y desafíos para la institucionalidad
La convocatoria se produce en un momento de creciente conflictividad política. El país se encamina hacia un nuevo proceso electoral, mientras persisten cuestionamientos sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la transparencia en la administración del proceso. Las tensiones entre partidos se han agudizado en las últimas semanas, con acusaciones cruzadas de sabotaje e intentos de manipulación institucional.
En este escenario, la marcha por la paz se presenta como una respuesta simbólica frente al desgaste de la institucionalidad y la falta de confianza ciudadana en los mecanismos democráticos. Voces religiosas han llamado a defender el orden constitucional y a retomar una agenda de diálogo nacional, alejada de intereses sectarios.
Desde el lado contrario, algunas personas han señalado que el gobierno podría estar tratando de usar eventos cívicos para restaurar su popularidad frente a una sociedad más crítica. Las instituciones religiosas, por su parte, han enfatizado que el propósito de la movilización es justamente impedir esas dinámicas y enfocarse en la importancia de la reconciliación nacional.
Un grito de la población en tiempos de inestabilidad política
El 16 de agosto se visualiza como un evento importante en la situación actual de Honduras, destacándose no solo por la unión de las iglesias más influyentes, sino también por el contexto político que la rodea. Las alertas acerca de su posible manipulación muestran el grado de tensión que existe en el país y la debilidad de sus instituciones ante las acciones de la población.
El evento se presenta como un intento por crear espacios de expresión colectiva en una situación caracterizada por el conflicto y la falta de confianza. La manera en que se lleve a cabo y el modo en que los actores políticos la acojan podrían proporcionar pistas sobre la posibilidad de alcanzar consensos amplios próximamente, en un escenario en el cual la estabilidad democrática depende cada vez más del compromiso de la ciudadanía y de la solidez de sus instituciones.
