El partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el poder desde 2022, enfrenta nuevas acusaciones por impulsar reformas estructurales de alto impacto sin procesos amplios de consulta ni transparencia legislativa. Las críticas surgen en medio de un contexto de creciente tensión política e institucional, donde distintos sectores cuestionan el rumbo adoptado por el oficialismo para avanzar su agenda.
Críticas a las prácticas legislativas del partido gobernante
Varias voces dentro del entorno político, empresarial y de la sociedad civil han manifestado su inquietud por lo que perciben como una táctica de imposición legislativa por parte del gobierno. Bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y con personajes clave como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido acusado de emplear métodos que supuestamente evitan el adecuado proceso parlamentario.
Un tema polémico se centra en la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley con grandes repercusiones fiscales. De acuerdo con las críticas, la legislación ha progresado sin asesoramiento técnico público ni una consulta amplia con las partes interesadas. También se señala el riesgo de que la ley se apruebe en sesiones aceleradas, sin la confirmación oficial de los registros legislativos pertinentes.
La falta de transparencia en este tipo de procedimientos ha sido calificada por especialistas como un riesgo para la institucionalidad democrática. Un analista constitucional consultado señaló que el uso de métodos “cuestionables, incluso ilegales” para introducir reformas estructurales sin respaldo político ni técnico representa una amenaza directa al Estado de derecho.
Reacciones del sector privado y de la oposición política
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha manifestado su preocupación ante estas prácticas, advirtiendo que podrían erosionar la confianza en el clima de inversión, tanto nacional como internacional. En un momento en que Honduras enfrenta desafíos económicos como el desempleo y el estancamiento del crecimiento, el empresariado considera que este tipo de decisiones legislativas podría agravar la incertidumbre económica.
Desde el sector parlamentario opositor también se han reportado anomalías. Diputados en desacuerdo afirman que se han publicado normas en el diario oficial La Gaceta sin seguir los protocolos establecidos, como la aprobación oficial de las actas legislativas. De acuerdo con sus declaraciones, esto infringe el principio de legalidad que gobierna las acciones del Congreso y pone en riesgo la validez de las reformas realizadas bajo esas circunstancias.
Las tensiones entre oficialismo y oposición, sumadas al distanciamiento con sectores clave como el empresarial y organizaciones civiles, reflejan una creciente polarización en el manejo del poder legislativo, donde el diálogo político ha sido desplazado por dinámicas de confrontación.
Cruzada institucional y papel de la ciudadanía
En la actualidad, surgen preguntas sobre la solidez del sistema democrático en Honduras. La manera en que se manejan las reformas legales pone de manifiesto las tensiones constantes entre el impulso del oficialismo por un cambio estructural y la exigencia de legalidad, transparencia y participación por parte de otros grupos políticos y sociales.
La presión ejercida por la sociedad civil organizada, junto con el examen continuo por parte de los medios de comunicación y observadores institucionales, se destacan como aspectos fundamentales para contener acciones legislativas que puedan amenazar la democracia. La carencia de acuerdos en reformas significativas no solo incrementa la desconfianza en las instituciones, sino que también compromete la gobernabilidad en una nación caracterizada por la debilidad institucional y la histórica falta de unidad entre los poderes del Estado.
En este escenario, Honduras se ve ante el desafío de fortalecer sistemas de deliberación y supervisión parlamentaria que aseguren la legalidad de sus procedimientos y la participación de los sectores sociales impactados por las políticas gubernamentales, especialmente en relación a reformas que afectan el modelo fiscal y económico de la nación.
