La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha creado un clima de dudas que impacta tanto a inversores internos como extranjeros. Este proyecto, promovido por el gobierno, ha llevado a pausar inversiones cuantiosas, detener ampliaciones de empresas y mover operaciones hacia otros países de Centroamérica, donde se considera que las leyes son más estables y confiables. El sector empresarial hondureño argumenta que los cambios fiscales repentinos, sin consulta multisectorial, han generado un entorno de negocios imprevisible, lo cual complica la planificación estratégica y paraliza proyectos importantes que son cruciales para el desarrollo sostenido del país.
El ámbito productivo del país advierte que suprimir las exenciones e incentivos tributarios, considerados en la legislación, debilitaría uno de los elementos esenciales de la economía de Honduras. Tanto empresarios como expertos en economía coinciden en que la medida podría causar una salida de capitales, el retiro gradual de inversiones y el empeoramiento del entorno empresarial, impactando directamente en la competitividad y la creación de empleo formal en áreas esenciales como la agroindustria, el turismo, la maquila, la construcción y la tecnología.
Efectos de la inestabilidad fiscal sobre la inversión y el empleo
La incertidumbre provocada por los cambios fiscales inesperados ha tenido repercusiones inmediatas, como el traslado de operaciones hacia naciones cercanas, la paralización de inversiones industriales, logísticas y tecnológicas, y la anulación de proyectos energéticos, turísticos y agrícolas que prometían miles de empleos. Honduras ha sufrido un descenso en los rankings de competitividad e inversión extranjera, lo que refuerza la percepción de que el país está emitiendo señales negativas al mercado internacional. Aunque el gobierno mantiene que la ley busca equidad fiscal, expertos advierten que los costos no visibles de este panorama serán mayores que cualquier ingreso adicional esperado, dado que el capital tiende a buscar lugares más predecibles y amigables.
Por el contrario, la supresión de beneficios fiscales, que se han usado tradicionalmente para atraer inversión extranjera directa, resulta en la salida gradual de capitales, la cancelación de planes de crecimiento empresarial y la falta de interés en nuevas inversiones del exterior. Este empeoramiento del entorno empresarial impacta particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que generan más del 70 % del empleo en la nación, y que se enfrentarían a nuevos impuestos sin apoyo técnico ni consulta con múltiples sectores.
Petición para una reforma fiscal equilibrada y consensuada
Ante esta situación, las industrias han pedido al Congreso Nacional que no apruebe la ley tal como está y que establezca un diálogo técnico con diversos sectores. Creen esencial crear una reforma fiscal equilibrada que no perjudique la inversión ni los trabajos, sino que fortalezca a Honduras como un lugar confiable para invertir y crear posibilidades. La falta de estabilidad legal y normas claras ha sido señalada como la mayor dificultad para restablecer la confianza empresarial y atraer nuevos proyectos de crecimiento.
El peligro de asfixiar al sector privado, particularmente a las MIPYMES, es una preocupación fundamental, dado que estas compañías forman el cimiento del empleo en la nación. La introducción de nuevos impuestos sin el soporte técnico adecuado puede complicar aún más la viabilidad de estos comercios y restringir la habilidad de Honduras para competir regionalmente. Por ende, el país está en un punto crucial entre consolidarse como un lugar accesible al capital o seguir un modelo que limite la producción y la inversión.
