Diversos representantes del sector privado hondureño expresaron preocupación ante la posible aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, una iniciativa del Ejecutivo que se encuentra en discusión legislativa y que, según sus proyecciones, podría alterar de forma significativa el entorno económico del país. Las advertencias se producen en un contexto marcado por la desaceleración económica y crecientes demandas sociales, lo que ha intensificado el debate sobre el papel del Estado en materia fiscal.
Postura empresarial ante la iniciativa gubernamental
El proyecto de legislación, que el gobierno ha promovido como una herramienta para suprimir beneficios fiscales y promover la justicia tributaria, ha sido fuertemente criticado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y otros sectores económicos. Según estos grupos, la propuesta impactaría de manera directa en la inversión privada, el empleo formal y el costo de vida en la nación.
Un representante del COHEP indicó que, si se implementa, la regulación podría crear un ambiente desfavorable para las inversiones, provocando una serie de efectos que abarcan despidos en gran escala, alza en la inflación y el traslado de empresas hacia economías con una regulación más estable. Las objeciones se enfocan sobre todo en la eliminación de beneficios fiscales que, de acuerdo con los empresarios, han sido fundamentales para el desarrollo de sectores como las zonas francas, la agroindustria y la manufactura.
Efectos anticipados sobre empleo, precios y competitividad
El ámbito empresarial destacó tres repercusiones principales que, en su opinión, surgirían con la adopción de esta normativa:
- Disminución del empleo formal: las compañías que ahora operan bajo regímenes especiales de exención podrían verse forzadas a reducir su personal o a cesar sus operaciones debido al aumento de sus gastos. Las áreas económicas en mayor riesgo serían las enfocadas en la exportación y aquellas situadas fuera de los principales núcleos urbanos.
- Aumento en el costo de vida: el cambio en la estructura impositiva, según estimaciones privadas, llevaría a un incremento en los precios de bienes básicos como alimentos, medicamentos, transporte y servicios esenciales. Esto impactaría sobre todo a los grupos de menores ingresos, ya que los nuevos costos se trasladarían al comprador final.
- Éxodo de capital y talento: una inquietud adicional es la posible migración de empresas e inversiones hacia naciones cercanas con regulaciones percibidas como más estables. Esta tendencia, alertan, pondría en riesgo el desarrollo económico a mediano y largo plazo, además de causar una pérdida considerable de empleo calificado.
Demandas de conversación y análisis legislativo
En este contexto, los diversos sectores empresariales solicitaron al Congreso Nacional detener la aprobación de la ley antes de proporcionar espacios para un diálogo técnico y participativo. Representantes del sector privado señalaron que una reforma fiscal necesita acuerdos amplios y un análisis de impacto, especialmente en un panorama económico caracterizado por alta informalidad y baja recaudación.
Asimismo, instaron a la población a conocer los detalles del plan propuesto y a demandar que las decisiones relacionadas con la política fiscal no perjudiquen las oportunidades laborales ni la competitividad del país. “Lo que se está arriesgando no es un favor especial, es el bienestar de miles de familias”, declaró un portavoz del sector empresarial.
Desafíos institucionales y problemas fiscales
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria se desarrolla en un entorno de fricción entre el gobierno y grupos económicos organizados, poniendo de relieve un conflicto fundamental acerca del modelo de desarrollo que el país debería adoptar. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de ajustar los sistemas fiscales para disminuir la desigualdad y elevar los ingresos del Estado, el sector privado señala los riesgos de implementar una reforma sin acuerdo técnico ni certeza de seguridad jurídica.
Este capítulo muestra los retos que tiene Honduras para conciliar sus metas de equidad fiscal con la necesidad de preservar un entorno favorable para la inversión, el empleo formal y la estabilidad económica. En un contexto caracterizado por la falta de confianza en las instituciones y la división política, la discusión sobre esta ley resalta la necesidad urgente de crear mecanismos para el consenso y el diálogo social continuo.
