El debate acerca de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha provocado una intensa discusión entre el sector privado, los grupos empresariales y las autoridades gubernamentales. La iniciativa de reforma fiscal promovida por el gobierno actual ha sido descrita por líderes empresariales como una amenaza directa a la estabilidad del empleo y la continuidad de cientos de negocios en el país. La principal preocupación se centra en la eliminación de beneficios fiscales que han sido cruciales para el crecimiento de sectores como la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo que, según los empresarios, podría resultar en una serie de cierres y despidos masivos, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
El efecto esperado de la reforma no solo abarca el sector empresarial, sino que también se extiende a la economía de las familias y al entramado social de Honduras. Expertos y dirigentes de gremios alertan que la disminución de la actividad económica, junto con la salida de compañías, podría resultar en un incremento del desempleo estructural, un aumento de la informalidad, migración obligada y un colapso en el consumo interno. Esta situación se complica ante la coyuntura actual del país, donde más de un millón de personas buscan un trabajo honroso y la informalidad laboral impacta a una parte considerable de la población.
Consecuencias de suprimir beneficios tributarios y la amenaza al trabajo
La normativa sobre Justicia Tributaria prevé suprimir diversos regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales, impactando en más de diez sectores productivos, como zonas francas, turismo, energía renovable y manufactura. Según cifras del sector empresarial, actualmente más de 400,000 empleos directos y más de un millón de trabajos indirectos se sostienen gracias a estos regímenes, especialmente en la cadena de abastecimiento y exportaciones agrícolas e industriales. La eliminación de estos incentivos podría desencadenar el cierre de fábricas, talleres, comercios y fincas tanto en áreas urbanas como rurales, dejando a miles de hondureños sin empleos formales y aumentando la presión sobre el sector informal.
El estudio realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indica que la reforma tributaria tendría un efecto adverso en sectores como el turístico, el manufacturero y el agroindustrial. Por ejemplo, dentro del sector manufacturero se calcula que estarían en peligro 40.000 puestos laborales y más de 733 millones de dólares en ventas al exterior, mientras que en el turismo, la repercusión podría significar la pérdida de miles de empleos tanto directos como indirectos y una reducción considerable en la inversión y los salarios. Adicionalmente, el incremento en los costos de operación, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haría insostenible su sobrevivencia en el mercado, exacerbando así la problemática de desempleo y subempleo en el país.
Impactos sociales y soluciones alternativas del ámbito privado
El efecto social de la reforma se prevé como irreversible, con el peligro de incrementar la pobreza, la migración forzada y la desconfianza tanto a nivel nacional como internacional. El aumento del sector informal y la disminución de empleos formales con beneficios de seguridad social podrían empeorar la calidad de vida y los ingresos fiscales, impactando a toda la sociedad hondureña. La inquietud de los empresarios se enfoca en el impacto en cadena sobre la estabilidad social, señalando que la eliminación de oportunidades laborales podría empobrecer aún más al país.
Frente a esta situación, el sector privado ha planteado opciones, como bajar el Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de los hondureños, reactivar la economía y fomentar la creación de empleo. Asimismo, proponen que en vez de suprimir los incentivos para todos los sectores, se lleven a cabo inspecciones y auditorías a las empresas con exenciones fiscales que tengan irregularidades, utilizando las facultades que la legislación actual ya permite. El sector empresarial recalca la importancia de mantener un diálogo y consulta con todos los actores productivos antes de aprobar una reforma que podría tener efectos irreversibles en el desarrollo económico y social del país.
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria sigue siendo acalorada, con urgentes llamados al Congreso Nacional para que examine detenidamente el texto de la ley y evite tomar decisiones que puedan agravar los problemas estructurales de Honduras, tales como el desempleo, la pobreza y la migración.
