La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no formará parte del legado de la gestión de Xiomara Castro. Aunque se presentó como un pilar fundamental de su programa de gobierno, la iniciativa no llegó a materializarse y no se incluirá en el presente mandato presidencial, que finaliza en enero de 2026. Con esta desistimiento implícito del proyecto, el Gobierno cierra un periodo que había despertado altas expectativas en la población respecto a la lucha contra la corrupción.
El proceso para establecer la CICIH estuvo caracterizado por repetidos retrasos, extensiones que no llevaron a resultados y conversaciones paralizadas con las Naciones Unidas. El reconocimiento formal del descalabro, comunicado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, apunta a una mezcla de razones que, en su opinión, incluyen tanto impedimentos legislativos como elementos externos. Sin embargo, para varios grupos de la sociedad, esta justificación no es suficiente.
El compromiso no cumplido que debilitó la confianza
Diversas voces de la sociedad civil y del ámbito global coinciden en que la mayor carga de responsabilidad recae sobre el gobierno presente. Según analistas y observadores del desarrollo del proceso, el inconveniente no estuvo en la ausencia de factores externos, sino en la falta de voluntad política del Ejecutivo para honrar los compromisos aceptados.
Desde este ángulo, el no establecimiento de la CICIH es una opción deliberada y no un suceso ineludible. Así lo indicó Juan Jiménez Mayor, antiguo portavoz de la MACCIH, quien criticó abiertamente al Gobierno por no cumplir una promesa que creó grandes expectativas. A estas críticas también se unió Gabriela Castellanos, líder del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien subrayó que el partido oficialista utilizó la CICIH como herramienta electoral sin intención genuina de avanzar en su implementación.
Una propuesta contra la corrupción carente de apoyo institucional
La salida de la CICIH del panorama nacional conlleva consecuencias que van más allá del ámbito administrativo. La falta de progresos tangibles ha fortalecido la idea de que el combate a la corrupción carece de herramientas efectivas y de voluntad política. La confianza en el Gobierno en este asunto está en entredicho, en una época donde las exigencias por transparencia y responsabilidad continúan siendo necesarias.
Con un panorama institucional que ya no incluye la implementación del mecanismo internacional, Honduras deja pasar una oportunidad importante para abordar la impunidad de manera estructural. El tiempo que queda en el presente mandato hace poco probable cualquier esfuerzo sustancial para cambiar esta situación, dejando a los ciudadanos con expectativas incumplidas y sin una solución inmediata que supla la falta del proyecto.
Lo que en un inicio se presentó como símbolo de transformación del sistema político ha terminado convirtiéndose en un punto más en la lista de compromisos inconclusos, debilitando así la narrativa gubernamental sobre la lucha anticorrupción y abriendo un nuevo espacio para la desconfianza ciudadana.
