La ira de más de 35,000 ciudadanos hondureños perjudicados por el fraude piramidal de Koriun Inversiones sigue aumentando, mientras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) está bajo fuego por no actuar frente a la estafa. Los damnificados acusan al ente responsable de la supervisión financiera de dejarlos de lado y señalan la ausencia de acciones tanto judiciales como administrativas.
La inacción de la CNBS frente al engaño
Desde que se notificaron las primeras señales de irregularidades en Koriun, la CNBS estaba informada de la situación, pero no implementó acciones efectivas para evitar que el fraude alcanzara tal escala. Aunque recibió notificaciones oficiales, la entidad supervisora dejó que la estafa se expandiera sin control por varios meses. Hoy en día, los culpables del fraude permanecen libres, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
«Nos aseguraron que investigarían, aseguraron que tomarían medidas, pero la CNBS ha sido cómplice al no actuar. Actualmente seguimos sin respuestas, sin dinero, sin justicia», afirmó uno de los perjudicados ante la prensa. Esta sensación de desamparo es compartida por muchos, quienes se sienten defraudados tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según mencionan, debieron haber actuado a tiempo.
La carencia de claridad y las dudas sobre la impunidad
Uno de los principales reclamos de los afectados es la falta de transparencia por parte de la CNBS. A pesar de las denuncias formales y de las investigaciones en curso, el organismo no ha emitido un informe público que detalle las irregularidades cometidas ni los fallos en su regulación que permitieron la existencia de Koriun durante tanto tiempo. Esta opacidad ha alimentado la sospecha de que podría existir una protección política sobre algunos de los operadores financieros implicados en el fraude.
Distintos ámbitos del país han indicado que la CNBS no solo no logró identificar el fraude a tiempo, sino que también ha sido negligente al no ofrecer la información necesaria sobre cómo se está manejando la situación. Conforme a un abogado de los perjudicados, esta inacción del ente regulador no hace más que empeorar el problema: «Es inadmisible que un ente regulador no haya detectado un fraude de este tamaño de manera oportuna. No solo fallaron en prevenir, hoy fallan en asumir responsabilidades».
Solicitudes de intervención internacional
Ante el vacío institucional y la creciente frustración entre los afectados, varios grupos de víctimas han decidido llevar su reclamo más allá de las fronteras nacionales. Organizaciones civiles y personas afectadas están solicitando formalmente el acompañamiento de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. La intención de estas solicitudes es que estos organismos vigilen el manejo de la crisis y, en particular, la actitud de las instituciones hondureñas frente al escándalo de Koriun.
Uno de los representantes de los afectados expresó: «El Estado está obligado a proteger a los ciudadanos, no a encubrir estafadores. Esto es un doble crimen: el que cometió Koriun y el que permite la CNBS al no hacer nada». Este sentimiento refleja el escepticismo sobre la capacidad de las autoridades nacionales para enfrentar el fraude y garantizar que se haga justicia.
La tensión institucional y el desafío de la gobernabilidad
El contexto evidencia nuevamente las debilidades del sistema de control financiero en Honduras y los conflictos dentro de las organizaciones responsables de asegurar la transparencia y la equidad. La ausencia de una reacción firme por parte de la CNBS indica una carencia en la capacidad del Estado para gestionar crisis de esta naturaleza, lo cual podría acarrear consecuencias mayores en términos de confianza en las entidades financieras y en la gobernabilidad nacional.
Las personas perjudicadas continúan aguardando una solución que les deje recuperar lo que han perdido y asegure que los culpables del engaño sean llevados ante la justicia. La ausencia de medidas efectivas y el secretismo en torno al caso resaltan un reto constante para las autoridades en Honduras: cómo restablecer la confianza de la población frente al aumento de la duda en la gestión de crisis similares.
