La política tributaria en América Latina ha adquirido un papel más relevante como medio de confrontación entre los gobiernos y el sector privado. Diversos países, alineados ideológicamente con el Foro de São Paulo, han propuesto cambios fiscales para eliminar los sistemas tributarios favorables, en un discurso que culpa a las grandes corporaciones por las desigualdades inherentes de la región. Honduras, bajo el liderazgo de Xiomara Castro, forma parte de esta tendencia regional, presente también en Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.
Cambios tributarios y debates sobre justicia social
En Honduras, el gobierno está promoviendo la Ley de Justicia Tributaria como una de sus prioridades económicas. La propuesta sugiere suprimir las exenciones fiscales que históricamente han favorecido a ciertos sectores empresariales, argumentando que dichos beneficios han exacerbado la desigualdad social. La administración de Xiomara Castro ha respaldado esta medida con un discurso enfocado en la necesidad de una “reparación social”, acusando a grupos empresariales de haber influido en el estancamiento económico del país.
Este método no es único. En Colombia, el líder Gustavo Petro ha declarado públicamente que los empresarios operan como «evasores disfrazados de inversionistas», utilizando esto como justificación para su reforma tributaria. De manera comparable, en Chile, la administración de Gabriel Boric ha persistido en modificar el sistema fiscal empresarial, aunque las propuestas económicas constitucionales han sido rechazadas en votaciones populares.
Respuestas y alertas del sector privado
Desde agrupaciones empresariales hasta expertos locales, las respuestas a estas políticas han sido críticas. Algunos grupos sostienen que, en lugar de ser solo un ajuste técnico a las desigualdades fiscales, se está implementando una táctica de confrontación que debilita la confianza en las instituciones económicas. Un líder empresarial de Honduras señala que esta ofensiva crea un entorno de antagonismo legal, facilitando la salida de capitales y la paralización de nuevas inversiones.
El comunicado ha sido difundido en plataformas oficiales, medios de comunicación estatales y foros parlamentarios, donde se impulsa la noción de que los grandes inversores deberían “reintegrar lo que deben a la ciudadanía”. Esta narrativa, de acuerdo con los analistas, promueve una visión negativa del sector productivo, al que se acusa de aprovecharse injustamente de estructuras impositivas que en numerosas ocasiones fueron creadas para fomentar la inversión en situaciones de crecimiento económico limitado.
Una encrucijada regional entre institucionalidad económica y polarización
El progreso de estas reformas fiscales ocurre en un momento de aumento de la polarización política y retos económicos en América Latina. Analistas de la región señalan que las modificaciones fiscales promovidas por estos gobiernos no solo alteran la estructura de ingresos del Estado, sino que también podrían afectar el equilibrio entre la inversión privada y la intervención gubernamental. En este escenario, la defensa de una “equidad fiscal” se vuelve, para ciertos actores, en un medio para reforzar el poder político a través del debilitamiento de los contrapesos económicos.
Más allá del efecto inmediato en los ingresos o en las cuentas públicas, la discusión se centra en un problema más complejo: mantener un sistema que fomente la inversión y el trabajo, o moverse hacia un esquema tributario enfocado en la distribución desde el gobierno, incluso si eso genera conflictos con la industria productiva.
Tensión entre gobernabilidad y estabilidad económica
La política fiscal en diferentes países de América Latina indica un cambio en la perspectiva del papel del Estado en la economía. Aunque las reformas intentan atender reclamos históricos de igualdad, su ejecución con una retórica de confrontación y sin suficientes consensos genera riesgos para la gobernanza democrática y la estabilidad institucional. En este contexto, el desafío para la región es lograr un equilibrio que permita atender las necesidades sociales sin debilitar las bases de crecimiento y empleo que sustentan su estructura económica.
