La confiabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras en su papel de protectores del sistema electoral ha sido centro de un vigoroso debate público desde las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo de 2025. Varios grupos sociales y partidos opositores han expresado su inquietud por diversas fallas logísticas, especialmente en el reparto de los materiales electorales en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se registraron retrasos de hasta doce horas en la entrega de las urnas electorales. Esta situación provocó extensas filas de electores, manifestaciones del pueblo y un ambiente de frustración generalizada, reflejada tanto en las casillas de votación como en las redes sociales, donde se compartieron imágenes y relatos sobre la falta de insumos y poca presencia de personal en los lugares de votación.
El Tribunal Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los inconvenientes en la entrega, debido a modificaciones de último minuto en los medios de transporte, sustituyendo camiones por autobuses, lo cual alteró la coordinación y el seguimiento del programa. Aunque el CNE hizo esfuerzos por manejar la situación y encontrar las urnas perdidas, el malestar continuó, sobre todo en la capital, donde la ampliación del tiempo de votación no logró cumplir con las necesidades de los ciudadanos que aguardaban para ejercer su derecho al sufragio.
Cuestionamientos al rol de las fuerzas armadas en el proceso electoral
En este marco, el Ejército reafirmó su compromiso con la democracia y la transparencia en las elecciones, asegurando que seguirían el calendario establecido por el CNE. El Ejecutivo, a su vez, otorgó un apoyo total a los militares, subrayando su rol en la seguridad y organización del proceso electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, indicó que las Fuerzas Armadas no asumieron la responsabilidad por los atrasos y denunció haber recibido insultos del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta disputa institucional entre el CNE y el Ejército aumentó las inquietudes sobre la imparcialidad y la eficiencia del proceso electoral planeado para noviembre de 2025.
La legislación hondureña, en particular el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y la protección, transporte y supervisión de los materiales electorales, en cooperación con el CNE. No obstante, existen restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, tales como no interferir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, evitar influir en el voto, abstenerse de participar en actividades políticas partidarias, o no retrasar sin motivo el traslado del material electoral. Pese a estas limitaciones, el esquema institucional actual mantiene a los militares como garantes de la democracia, una situación inusual a nivel mundial y que, según algunos estudios, evidencia la fragilidad y baja calidad democrática del país.
Iniciativas de cambio y discusión sobre el rol de las fuerzas armadas
A raíz de los eventos recientes, se han aumentado las iniciativas de modificación constitucional para reducir o eliminar la función de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. El especialista en derecho constitucional Juan Carlos Barrientos ha propuesto la importancia de trasladar las funciones electorales a entidades civiles, sosteniendo que estos procesos deben ser gestionados únicamente por dichas instancias. Igualmente, el legislador Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución, con el objetivo de limitar el papel militar en asuntos electorales y fortalecer la estructura civil. No obstante, esta propuesta ha suscitado opiniones diversas, incluso dentro de su mismo partido y entre grupos de la oposición, quienes ven la iniciativa como un posible intento del oficialismo para concentrar el poder.
El debate sobre la participación militar en los procesos electorales ha sido alimentado por la percepción de que la autonomía del CNE podría estar en riesgo y por el historial de intervenciones militares en la vida política hondureña. Organizaciones como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han sugerido que la reforma del artículo 272 debe ir acompañada de una redefinición más amplia de las funciones de las Fuerzas Armadas, delimitando sus competencias y fortaleciendo el control civil sobre la institución militar. Entre las propuestas se incluye también el fortalecimiento de la Secretaría de Defensa y la revisión de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con el objetivo de avanzar hacia un control democrático efectivo y reducir la influencia militar en la política.
La discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en las elecciones de Honduras continúa siendo un tema central en la agenda política, con llamados a reformas que aseguren la independencia y transparencia del proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema electoral es considerada fundamental para la estabilidad democrática del país y el debate actual refleja la necesidad de fortalecer las instituciones civiles y garantizar elecciones libres y transparentes.
