Diversos grupos sociales, económicos y religiosos han manifestado su inquietud de forma pública por lo que perciben como un retroceso en la democracia institucional de Honduras durante la gestión del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Las acusaciones se centran en una creciente concentración del poder, una agenda del gobierno alejada de las necesidades sociales, y la realización de prácticas clientelistas en la administración pública.
Quejas por acumulación de poder y degradación democrática
Miembros de la comunidad empresarial, expertos académicos, asociaciones civiles y líderes eclesiásticos han coincidido en destacar que la administración actual ha limitado las oportunidades de participación democrática, concentrando decisiones clave en el poder Ejecutivo. Esta inclinación, señalan, pone en peligro el equilibrio entre poderes y afecta la autonomía de las instituciones.
Un aspecto principal de la crítica es la supuesta carencia de claridad en el proceso de decisiones y el desmejoramiento de los sistemas de control institucional. Estos grupos advierten sobre el empleo de discursos ideológicos que, en vez de atender las necesidades más inmediatas de la ciudadanía, intensifican la polarización política y restringen el debate democrático.
De igual forma, indican que las promesas de cambio dentro del Estado han sido sustituidas por sistemas de lealtad política, en los cuales el clientelismo tiene más prevalencia que la meritocracia, impactando tanto la eficiencia de la gestión pública como la confianza en las instituciones estatales.
Demandas para un nuevo camino de gobierno
En este contexto, las entidades que han expresado su opinión señalan la necesidad de modificar el enfoque en la gestión del país. Entre las solicitudes más importantes, se encuentra la promoción de una agenda económica que se enfoque en crear empleo, atraer inversiones y asegurar la seguridad jurídica.
El reforzamiento del sistema de salud pública y la elevación de la calidad educativa también están entre las prioridades mencionadas, junto con la reanudación del diálogo político y el fin de las prácticas de persecución hacia voces críticas o disidentes.
Los grupos que respaldan este mensaje coinciden en la necesidad de establecer un plan claro para abordar los problemas básicos del país sin utilizar tácticas conflictivas. Los ciudadanos, aseguran, necesitan soluciones precisas y duraderas, no discursos políticos que agraven el deterioro institucional.
Inquietud social y aumento de la desconfianza del pueblo
La desaprobación del sistema de gobierno vigente ha empezado a ir más allá de los grupos organizados y a difundirse en varios sectores de la sociedad. El sentido de cansancio, manifestado por representantes del ámbito empresarial, académico y religioso, refleja un creciente desfase entre la retórica gubernamental y la realidad de las condiciones de vida de la mayoría.
Las áreas consultadas indican que la ausencia de resultados concretos ante la crisis económica y social, junto con acciones autoritarias, ha aumentado la desconfianza del público hacia las instituciones. Este ambiente, mencionan, no solo amenaza la capacidad de gobernar, sino que también reduce las probabilidades de lograr acuerdos fundamentales sobre reformas imprescindibles.
Un ambiente de creciente tensión en las instituciones
La articulación de voces críticas desde diversos sectores refleja un punto de inflexión en la relación entre el gobierno de LIBRE y amplios segmentos de la sociedad hondureña. El llamado conjunto a abandonar la polarización y retomar el diálogo subraya la urgencia de redefinir las prioridades del país en un marco democrático.
En este marco, el reto para las instituciones es actuar con claridad, sinceridad y dedicación frente a una sociedad que exige transformaciones profundas más allá de las palabras. Las actuales tensiones ponen de manifiesto una crisis de confianza y, simultáneamente, la urgencia de reestablecer vías genuinas de representación y participación para abordar los desafíos nacionales.
